Anda el juez preocupado por saber si el ciudadano Ángel Rivas González cometió algún delito y yo solo me pregunto si este señor es un robot. Durante seis años, dirigió una empresa cuyo devenir estaba íntimamente ligado a las decisiones políticas y, al mismo tiempo, era concejal del Ayuntamiento que tomaba esas decisiones. El Concello se gastaba millones y millones en humanizar calles y Hormigones Valle Miñor ponía el cemento que le compraban las empresas constructoras. El generoso edil no cobraba un sueldo del Concello, sino de su empresa, Hormigones Valle Miñor. Si era un robot, cuando se sentaba en la junta de gobierno local y se votaba una adjudicación de obra, dejaría de lado cualquier implicación personal o emocional, olvidaría sus largas relaciones con el sector de la construcción, esquivaría pensar siquiera en su propio sueldo. El robot Rivas podría divagar: «Vamos a adjudicarle esta obra a una empresa que se lleva mal con Hormigones Valle Miñor. Si se llevan el contrato, no nos comprarán ni un kilo de masa Estamos con el agua hasta el cuello y no vamos a poder pagar las nóminas. Los socios me van a tirar de las orejas, o peor, y los empleados me van a morder. Maldita crisis...»; y, acto seguido, adjudicar la obra.
Pero si convenimos en que Ángel Rivas González es una persona, la cosa cambia. Porque a Rivas los ciudadanos les hemos encargado que nos represente. Está bien que el juez se pregunte -ojo, dos años después de que se hiciese público- si Rivas vulneró el Código Penal. A mí me preocupa también el código de la decencia. El Código Penal no prohíbe mentir, incumplir promesas, actuar a espaldas de los ciudadanos o enchufar de asesor al cuñado de una concejala, entre otros. Y todas estas trapalladas ocurren en Vigo. Como no es ilegal, parece que no importa.
Otra cosa, es que no convengamos en que es una persona... Peores se han visto.
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