Los taxistas de Madrid se enfrentan a una competencia que tildan de «ilegal»
10 jun 2014 . Actualizado a las 15:06 h.La extensión de la tendencia a compartir el coche comienza a crear conflicto en España. El lunes, Fomento advirtió de las posibles consecuencias a las que se someterán las empresas y usuarios de los irregulares servicios colaborativos como Uber o plataformas parecidas a esta como Cabify y la francesa Blablacar. Esta última se diferencia a las anteriores en que su uso no conllevaría a una retribución económica. Blablacar nació como una red social cuyo objetivo era que el conductor del vehículo tuviera compañía a la hora de viajar y además, se repartieran los gastos del trayecto entre los usuarios que compartían el medio de transporte.
Sin embargo, lo que hasta ahora solo era una contribución económica entre usuarios, pasará a tener impuestos este mismo año. Según la filial francesa de la empresa Comuto, los pasajeros abonarán a la web un 10 % de los gastos de viaje más un 21 % de IVA sobre ese 10 %, y la compañía cambiará de estructura porque será el Ministerio de Hacienda el que cobrará sus servicios.
La página oficial de Blablacar publicó una noticia en respuesta a la legislación publicada por el Departamento de Fomento argumentando porqué la empresa es un servicio legal, ya que «no se trata de una retribución económica, sino de la compartición de los gastos asociados a ese trayecto en común».
En cambio, las aplicaciones Uber (una compañía americana que tiene entre sus inversores a Google) o la española Cabify, creada por Adeyemi Ajao, fundador de la red social Tuenti, se caracterizan por ofrecer vehículos con chófer para su uso personal o compartido. Cabify comenzó su negocio en Madrid expandiéndose luego a ciudades de Sudamérica, mientras que la única ciudad española que cuenta con los servicios de Uber es Barcelona pero con futura situación en la capital.
Según las Organizaciones Nacionales del taxi destacan que la app Uber «ha empezado a operar en territorio español con vehículos particulares y conductores particulares, algo que va en contra de lo que establece la legislación española en materia de transportes terrestres en automóviles de turismo y que, además, pone en grave riesgo a los usuarios al carecer de las autorizaciones, los seguros y las garantías correspondientes, así como los requisitos que establece la propia Ley para prestar un servicio de transporte de viajeros»
Ante esta situación que las Organizaciones Nacionales del taxi (FEDETAXI, UNALT, CTE y Uniatramc) califican de «ilegal», han convocado una manifestación el miércoles de 11 a 13 horas en Madrid. Asimismo, la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación Profesional del Taxi convocan a los taxistas de la capital a un paro de 24 horas, desde las 6 horas del día 11 a las 6 horas del día 12 de junio, contra la aplicación Uber. El sector del taxi piden una regulación del «continuo intrusismo» de estos servicios de traslado de pasajeros denominados como consumo colaborativo.
Si la supuesta irregulación continúa no descartan convocar paros en todo el territorio español. «Cerca de 100.000 familias dependen directamente del taxi en toda España y lo único que solicitamos es que se haga cumplir lo que establece la Ley y no se ponga en peligro también la seguridad de los usuarios», han indicado.
España no ha sido el único país en el que estos servicios han creado polémica. En Bruselas por ejemplo, han sido prohibidos pero la Comisión Europea (CE) no pretende inhabilitar por ahora el modelo de negocio del transporte compartido porque afirma que impulsan el crecimiento económico y el empleo.