Las empresas editoras podrán ser compensadas por el uso de sus contenidos en agregadores y buscadores como Google
14 feb 2014 . Actualizado a las 21:26 h.El Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de Propiedad Intelectual que introduce el derecho de empresas editoras de ser compensadas por el uso de sus contenidos, crea la ventanilla única para el pago de los derechos de propiedad intelectual y persigue a las páginas que albergan listados piratas.
A falta de conocer el texto íntegro de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la reforma aprobada hoy por el Gobierno ha sido recibida con cautela por el sector cultural y por el principal grupo de la oposición, partidarios de profundizar y ampliar la interlocución durante su tramitación parlamentaria.
Una de las principales novedades que introduce el texto se refiere a las reseñas de prensa de los agregadores de contenidos (por ejemplo, Google News), al reconocer el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos. Francia y Alemania han puesto en marcha mecanismos similares: el Gobierno francés ha llegado a un acuerdo con los principales agregadores de contenidos que no han satisfecho a los editores, mientras que en Alemania cada editor debe negociar por su cuenta.
Tras cerca de un año de consulta a los sectores afectados y organismos como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Estado, el texto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual volvió al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, han explicado que el proyecto de ley generaliza el derecho de cita a todos los ámbitos de la enseñanza y a la investigación e ilustración científica y se establece el derecho a compensación económica al autor en casos de reproducción de artículos.
Sobre la compensación a editores por el uso por los agregadores o buscadores de internet, la medida incluida en el texto, que Wert ha calificado de pionera, autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos, ya sean informativos, de entretenimiento o formadores de opinión, pero con un «derecho irrenunciable» de una compensación equitativa.
Así, la norma adapta el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en internet y reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos. Wert ha reconocido que «evidentemente» esta reforma no solucionará todos los problemas de la piratería, aunque ha explicado que se refuerza el papel de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que hasta ahora, ha dicho, ha resuelto el 84 % de los expedientes presentados desde su constitución.
También, debido a la transposición de la normativa europea, se amplia el plazo de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, pasando de 50 a 70 años.
En materia de entidades de gestión, la norma recoge un catálogo detallado y sistemático de obligaciones de estas respecto a sus asociados y a las administraciones públicas; establece un cuadro de infracciones y sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones legales, que estarán vinculadas a un porcentaje de la recaudación que obtengan. Asimismo, establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago, iniciativa con la que se pretende la simplificación y reducción de los costes de transacción para los usuarios (por ejemplo: restaurantes, hoteles, peluquerías, etc.). Ello evitarán multiplicar las gestiones para liquidar las cuentas con las entidades de gestión por el uso de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
En lo que se refiere a la lucha contra la piratería, el proyecto de ley dota a la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, incluyendo la estrangulación económica de las páginas web infractoras. De este modo, se incluye la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad. También, cuando esté justificado, podrá pedir al juez de lo contencioso-administrativo el bloqueo técnico de la web.
En caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos podrá imponer sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros.
La ley revisa el concepto de copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, y mantiene la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si bien el Gobierno ha precisado de que este sistema es transitorio, a la espera de una armonización comunitaria. Según el proyecto de ley, permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores.
Dentro de la revisión de los límites a los derechos de propiedad intelectual, se amplía el alcance de la excepción legal relativa a la ilustración en la enseñanza y la investigación, hasta ahora muy restrictivo. Así, se permite el uso gratuito de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada (universitaria y no universitaria) y la investigación. Se podrá hacer uso de estos fragmentos en las actividades educativas que se realicen fuera de los centros educativos, para atender las nuevas formas de enseñanza virtual.
Cuando se trate de la reproducción parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación más allá de pequeños fragmentos, por ejemplo, capítulos de libros o artículos de revistas, no será necesaria una autorización expresa, aunque devengará una remuneración que se tramitará a través de las entidades de gestión.
El sector cultural, insatisfecho
El portavoz de Cultura del Grupo Popular, Juan de Dios Ruano, ha señalado que el proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual es una reforma «urgente y necesaria» que evitará la «alarma social» suscitada en el pasado por casos vinculados a entidades de gestión de derechos colectivos. Sin citar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Ruano ha dicho en un comunicado que «es preciso mejorar los niveles de transparencia, control y vigilancia» de estas entidades. El portavoz popular ha destacado, en ese sentido, que «el peso de la ley» recaerá sobre los gestores de páginas webs que alojen ilegalmente contenidos protegidos y que «en ningún caso afectará a los usuarios finales de internet».
El portavoz socialista en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, Andrés Torres Mora, ha dicho en una valoración inicial que para el PSOE ha faltado «un diagnóstico riguroso de la situación» y un «diálogo sustantivo» con los actores afectados para alcanzar un «consenso sólido».
«Preocupada» por la redacción actual de la ley se ha mostrado la SGAE, que espera que el proyecto sea «sensiblemente mejorado», pues, a pesar de los últimos cambios introducidos, «sigue colocando al sector cultural en España en desventaja con respecto al de otros países de nuestro entorno». En concreto, la SGAE ha pedido reforzar los mecanismos para combatir «con mayor firmeza el uso ilegal de contenidos, fundamentalmente los digitales», y «evitar que España se convierta en un paraíso para las compañías tecnológicas multinacionales que apenas pagan aquí sus impuestos, ni crean puestos de trabajo». Además ha señalado que «no ha puesto en ningún momento en cuestión» las medidas para reforzar la transparencia de entidades que, como ella, se dedican a la gestión de derechos colectivos, mostrándose a favor de las mismas.
Planteamiento intervencionista
Más contundente a este respecto se ha sido la asociación de Productores de Música de España (Promusicae), que ha exhibido un «rechazo frontal» a lo que considera «un planteamiento intervencionista en derechos que son privados». Su presidente, Antonio Guisasola, ha destacado que la nueva regulación del concepto legal de copia privada podría derivar en una «fuente de conflicto», al convertir en actividades ilegales «muchas conductas que estaban admitidas socialmente» hasta ahora. Por último, ha coincidido con la SGAE en pedir actuaciones más «claras y radicales» contra las páginas web que faciliten el acceso a contenidos ilegales, aunque ha valorado la posible incoación de medidas contra las «fuentes de ingresos» de estas páginas, esto es, intermediarios y anunciantes.
También la Coalición de Creadores ha lamentado que el proyecto «se quede corto» en cuestiones esenciales y, por ejemplo, «no apueste por las herramientas más eficaces para garantizar la retirada ágil y efectiva de los contenidos ofrecidos ilícitamente en internet». Asimismo, han coincidido con Enrique Cerezo, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en recordar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que indica que enlazar a webs con contenido no autorizado es ilegal.
Visión mercantilista del derecho a la cita
El socio fundador y programador de la web meneame.net, Ricardo Galli, ha mostrado su desacuerdo con la Ley de Propiedad Intelectua al considerar que aporta «una visión mercantilista» e implica la pérdida de derechos civiles como el «derecho a la cita», por el que habrá que pagar según la nueva normativa.
En declaraciones a Europa Press, Galli ha explicado que la nueva ley «se acerca al derecho anglosajón», sobre todo en cuestiones relativas a derechos de autor y enlaces, aunque ha lamentado que «se cojan las desventajas y ninguna de las ventajas». En cualquier caso, ha afirmado que «hay que tomar el texto aprobado este viernes con pinzas» ya que aún tiene que pasar su trámite parlamentario.
Ley «aberrante» para los internautas
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha calificado de «aberrante» la «criminalización» del enlace que, a su entender, desarrolla Ley de Propiedad Intelectual, cuyo proyecto ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso. Según ha explicado Domingo en declaraciones a Europa Press, esta ley «en vez de resolver un problema genera una inseguridad jurídica» para los usuarios de Internet.
Así, ha alertado de que cualquier internauta que suba un enlace a una red social podría ser sancionado o recibir un aviso con la puesta en marcha de la nueva legislación. «El tema de los enlaces es una cuestión aberrante porque se criminaliza el enlace y no se van a decidir las sanciones a través de un juez, sino por una comisión. Excepto algunas salvedades como Google, a quien sin embargo le ha impuesto otra tasa para los editores», ha explicado.
España, en observación por la propiedad intelectual
La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés) recomendó mantener a España en observación para comprobar su grado de respeto a la propiedad intelectual e incluirla en la lista negra si en 2014 no mejora sus políticas. La Alianza, propone en su informe de este año a la oficina del Representante de Comercio Exterior de EEUU, que España vuelva a la «Lista 301», donde se sitúa a los países en los que no se respeta la propiedad intelectual e industrial, si en 2014 no progresa «de manera notable» en garantizar esa protección.