El Concello de Santiago no se ha personado en el caso del policía de Urbanismo investigado por cobrar mordidas para conceder licencias
SANTIAGO CIUDAD
Pese a la gravedad de los hechos y de que en su día se apartó al agente, que llegó a ser detenido, el gobierno del PSdeG no quiso actuar ni como perjudicado ni como acusación
21 jun 2023 . Actualizado a las 05:00 h.En junio del 2018, un auténtico terremoto sacudió los cimientos de la Policía Local de Santiago y del área de Urbanismo. Un agente adscrito a este departamento estaba siendo investigado internamente en el Concello por cobrar mordidas a cambio de conceder licencias. Tanto el que era entonces alcalde, Martiño Noriega (Compostela Aberta), como el jefe del cuerpo municipal, José Manuel Traba, actuaron con rapidez y contundencia, apartando al policía de sus funciones, controlando sus movimientos y bloqueando su acceso informático a los expedientes urbanísticos.
El asunto acabó en la Fiscalía y en una instrucción judicial que conllevó un registro en los despachos de Urbanismo situados en el Pazo de Raxoi en el que la Policía Judicial se llevó todos los expedientes en los que había intervenido el sospechoso. El agente, F. P. B., fue detenido en abril del 2019, pero se acogió a su derecho a no declarar cuando el juez quiso interrogarlo, por lo que se le puso en libertad con la obligación de personarse cada quince días en los juzgados investigado por los delitos de cohecho, falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
El caso ha seguido un trámite más que lento en los juzgados y ahora se ha decidido su transformación en un procedimiento ante el tribunal del jurado por tratarse de un delito de corrupción. Además del policía local, hay una decena de personas investigadas por haber presuntamente pagado las mordidas solicitadas, pero sorprendentemente el Concello de Santiago no se ha personado en la causa ni como acusación ni como perjudicado. Una decisión cuando menos llamativa tratándose de un asunto tan grave y que ha manchado la imagen de dos de sus departamentos más importantes, el de la Policía Local y el de Urbanismo.
La no personación en este caso no debe anotarse en el debe del que era alcalde cuando saltó el escándalo, Martiño Noriega, y mucho menos en la actual, Goretti Sanmartín (BNG), sino en el gobierno que acaba de abandonar el poder tras las elecciones municipales del 28-M, ya que fue durante el mandato de Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG) cuando tuvieron lugar la mayor parte de las pesquisas.
Los nacionalistas, recién aterrizados en la alcaldía de Compostela, deben evaluar ahora si dan por buena la decisión de los socialistas de no tomar un papel protagonista en el esclarecimiento de un presunto caso de corrupción urbanística de gran magnitud o si, por el contrario, optan finalmente por personarse en la causa.
En el expediente judicial figuran las grabaciones que hicieron saltar el caso en las que el policía local presuntamente solicitaba unos mil euros a cambio de redactar un informe favorable de la obra de un muro que no se ajustaba a la realidad. Los afectados decidieron grabar las conversaciones que mantenían con el agente y las remitieron al Ayuntamiento. El gobierno local presidido por Noriega abrió una investigación interna que evidenció la existencia de indicios que apuntaban al cobro de mordidas y a que el policía podría haber solicitado dinero a particulares en nombre de técnicos municipales del área de Urbanismo, por lo que es más extraño aún que el Concello decidiese después, con el PSdeG ya en el gobierno, no personarse en la causa.
F. P. B. llevaba 25 años adscrito al área de Urbanismo como policía local cuando fue detenido y apartado de sus funciones, negándosele el acceso a las oficinas del departamento para que no pudiera destruir pruebas ni manipular expedientes. Tras su arresto, se le retiró el arma y estuvo de baja cuando se hicieron públicas las sospechas de que pudo hacer informes favorables para la concesión de licencias, la legalización de obras o la no apertura de procesos sancionadores.
Los agentes municipales que trabajan en Urbanismo emiten dictámenes que, aunque no son determinantes porque las decisiones dependen finalmente de los técnicos, sí son muy importantes porque son en los que se basan los funcionarios para denegar o conceder permisos.
Hasta la fecha, solo figura como víctima unos vecinos de O Barral
En la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago por el presunto caso de corrupción que afecta a un policía local adscrito al departamento de Urbanismo actualmente tan solo figura una víctima personada como perjudicada. Se trata de unos vecinos del lugar de O Barral, en la parroquia de San Caetano, a los que una de las obras ilegales a las que presuntamente habría dado cobertura el agente municipal acabó causando daños en su vivienda.
El resto de los que están involucrados son todos investigados, la figura con la que ahora se designa a los imputados. Son el agente y una decena más de personas que presuntamente habrían pagado para lograr licencias de obra o actividad o para que el Concello no abriera contra ellos expedientes sancionadores. En la mayoría de los casos, esas construcciones sin permiso pasaban inadvertidas porque no provocaban daños a terceros, como sí sucedió en el caso de O Barral.