Cuando la política enreda y dilata eternamente soluciones que al final tienen que llegar sí o sí porque caen por su propio peso, lo único que consigue es generar frustración, descrédito y desafección entre la ciudadanía. La Xunta y el Concello están protagonizando a ojos de todos los usuarios del Hospital Clínico —más de 450.000 personas de 46 concellos y dos provincias— un espectáculo patético por su espiral de tira y afloja en torno al gravísimo problema de aparcamiento, tal vez hoy el más importante de la movilidad de Santiago y que crece día a día. Después de años y toneladas de tinta denunciándolo, está sobre la mesa la necesidad de construir un párking, y una cifra: 4,3 millones de euros de los 18 para mejorar la movilidad, más exenciones tributarias, que la Xunta pide al Concello y que este no quiere apoquinar porque la competencia es autonómica y solo el 22 % de la población del área sanitaria reside en la capital. ¿Quién tiene la razón? Según se mire.
La responsabilidad autonómica indica que el Clínico, en términos de movilidad, fue diseñado hace un cuarto de siglo con carencias estructurales no resueltas y que el transporte metropolitano es deficitario. También, que actualmente la Xunta está inmersa en la ampliación del Clínico (70 millones de euros) y en la construcción del Centro Galego de Protonterapia (20 millones). Del lado municipal, la igualmente necesaria mejora del servicio de bus urbano no va a resolver el problema, como tampoco fue solución el insuficiente y carísimo aparcamiento de concesión municipal. El ofrecimiento del Concello de una parcela colindante para construir el nuevo párking ya no parece una posición inamovible, pero su última vuelta de tuerca anunciando que trabaja en otra alternativa se perfila como una réplica a la apuesta de la Xunta por la idea lanzada por Borja Verea de ubicarlo dentro del recinto, sin duda la mejor de las opciones hasta ahora conocidas, en espera de que se estudie su repercusión sobre los flujos del tráfico interior del ámbito hospitalario.
La aportación económica que pide la Xunta no es un escollo insalvable para las arcas autonómicas en ese fuerte contexto inversor en el CHUS, aunque precisamente por ello y por ecuanimidad por lo ya pactado en A Coruña y Pontevedra, tampoco tiene que serlo para las municipales. Ni por criterio político ni por capacidad financiera. Solo la parcela que Raxoi puso a disposición de la Xunta y esta rechazó está valorada en tres millones.
Si el acuerdo no se cierra ya, el área sanitaria de Santiago y Barbanza —no solo la capital— sufrirá el fracaso de la política en un asunto de fácil resolución abordándolo únicamente desde el interés común.