Asume la presidencia autonómica del Comité de Entidades Representativas de las Discapacidades
12 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A Iker Sertucha le conocíamos por presidir la Federación Gallega de Personas Sordas. Desde el 29 de noviembre lidera además el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (Cermi).
-¿Qué función tiene el Cermi?
-Lo constituyeron en 1998 la Federación de Personas Sordas de Galicia, la ONCE, Cogami y Fademga, para aunar necesidades comunes de todas las discapacidades, caminar en una misma dirección. Ahora somos diez entidades. Presidirlo, a nivel personal, supone un reto. Tras cuatro años defendiendo los intereses del colectivo de personas sordas, ahora la responsabilidad es representar al 92 % de las entidades relacionadas con la discapacidad.
-Entra en un terreno más amplio.
-Hasta ahora me beneficiaba, como persona sorda, de la gestión de la federación. No conozco tan en profundidad otros colectivos, pero los objetivos y los retos siempre beneficiarán también al nuestro. Por ejemplo, la Ley de Accesibilidad de Galicia, del 2014, persigue eliminar las barreras y recoge que en dos años debería materializarse un plan concreto. Eso no se ha hecho. Así, uno de mis retos es conseguir que ese plan se cumpla. Hay muchos temas transversales para todos.
-La ministra Fátima Báñez presumía de que desde el 2012 se han firmado sobre un millón de contratos laborales por parte de personas con discapacidad.
-No es tan bonito como lo pintan. La inserción laboral es la gran barrera para el discapacitado. Según datos de la Fundación ONCE, el 74 % del colectivo no tiene un empleo. Los últimos años se han promovido incentivos y programas desde la administración para fomentar la inserción, pero no se vuelcan todo lo que deberían. Por ejemplo, en los fondos sociales europeos hasta el 2020, no figuran en sus líneas prioritarias las personas con discapacidad. Hay líneas dirigidas a menores de 30 años o a personas que están en el umbral de la pobreza, pero la discapacidad, no. La situación no es para saltar de alegría. Y ya en la empresa ordinaria la cosa es todavía más compleja.
-¿Optan a empleo de calidad?
-Las condiciones laborales no son las óptimas, desde luego. Conseguir un empleo de calidad, con unas condiciones dignas es sin duda una de nuestras luchas prioritarias.
-¿Depende el acceso profesional de la formación?
-En parte sí. Las personas sordas que acceden a carreras universitarias se calcula que son un 1 %. En otras discapacidades tienen también restricciones. Nosotros apostamos, además de la académica, por la formación prelaboral. Pero el sistema educativo tiene muchas barreras. Hay programas de inclusión, se ha mejorado, sin duda; pero esta integración no es real y plena. Faltan recursos para conseguirla, ese es también nuestro objetivo.
-¿Y qué pueden hacer?
-En el Cermi hay una comisión de educación, pero es un trabajo que debe desarrollar cada entidad. Como Cermi trabajamos más en el campo legal. No son iguales las necesidades en el terreno educativo de una persona sorda que las de otra con discapacidad física. El Cermi media en que las personas que puedan tener una dificultad en cualquier campo puedan tener una respuesta de la Administración.
-¿Qué retos se plantea como mas inmediatos en su mandato?
-Lo primero, conseguir es que las administraciones públicas reconozcan al Cermi como referencia del mundo de la discapacidad. Que las diez entidades que conforman Cermi Galicia sean un bloque compacto, para ejercer esa labor de interlocución y representación de la discapacidad ante todas las instituciones. Que seamos el órgano al que se consulte para aprobar leyes que nos afecten. Y que se cree una comisión permanente en el Parlamento de Galicia para tener voz propia.
-Releva a Anxo Queiruga, toda una referencia en los últimos años.
-Sí que lo es. No se trata de una posición rupturista, hay muchas cuestiones que se lograron y que son el testigo que recojo, y otras en las que tengo que seguir luchando, como la relativa a la Ley de Propiedad Horizontal.
-¿A qué se refiere?
-Las comunidades de vecinos se ocupan de hacer reparaciones, pero en accesibilidad suelen dejar que corra la persona interesada con todos los gastos, ya sean elevadores, luces indicativas para sordos... Queremos que se recoja en esa ley que este tipo de ajustes para accesibilidad sean asumidos también por la comunidad.