El impedimento del acceso a los plenos municipales provocó la interposición de una denuncia ante el fiscal de Esquerda Unida Compostela contra el alcalde por presunta prevaricación. El escrito, en el que se solicita la inhabilitación de Ángel Currás para cargo público, fue rubricado por el coordinador comarcal de la organización, Xavier Ron, y por el secretario de comunicación, Vicente Vázquez.
La advertencia de la acción judicial la había hecho EU recientemente al considerar que Raxoi estaba conculcando la legalidad vigente y hacía caso omiso a los requerimientos de la formación.
La razón de recurrir a la fiscalía es la prohibición a los representantes del Consello Comarcal de EU del acceso a las sesiones plenarias celebradas en diciembre, enero y marzo. EU presentó el 5 de febrero una petición debidamente registrada para poder asistir al pleno, pidiendo también la habilitación de los medios necesarios para seguir la sesión en caso de estar completo el aforo.
Posteriormente, la organización izquierdista presentó, en defensa de sus derechos, una queja ante el Valedor do Pobo relativa a la prohibición de asistencia a los plenos. Tras el pleno de marzo EU registró otro escrito en el que reclamaba al Ayuntamiento información sobre los motivos que impidieron la entrada de los representantes de la formación en el salón de plenos, así como la certificación del motivo de entrada de las personas que sí accedieron. Al propio tiempo apeló a la utilización de medios alternativos (circuitos de vídeo, Internet, etcétera) para el seguimiento de la sesión.
EU basa su denuncia de prevaricación contra el alcalde en un informe de la asesoría jurídica del Concello remitido a la organización el día 9 de abril, pese a ser emitido por el secretario el 19 de febrero. En él se garantiza el acceso de los ciudadanos a los plenos. También tiene como fundamento un informe del Valedor del pasado 16 de abril en el que avala igualmente el acceso directo o la utilización de sistemas que garanticen la difusión pública de las sesiones.
La portavoz popular, María Pardo, indicó que los plenos son públicos y no se veta el acceso salvo por problemas de aforo y de seguridad. Dijo desconocer la denuncia y anunció que la valorará en el momento en el que llegue a sus manos.