El gobernador instaba al Ayuntamiento hace 25 años a anular la norma de «aseo personal» que exigía evitar determinados complementos
28 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Las modas cambian y lo que era tendencia ayer puede no serlo hoy. Pero más allá de eso iba la decisión tomada hace ahora 25 años por el Ayuntamiento de Sarreaus. Un acuerdo municipal adoptado en el pleno del mes de mayo de 1988 condensaba las inquietudes de un edil de Alianza Popular, Juan Rivero Rivero, recientemente fallecido.
El acta recogía un código de conducta para la asistencia a los plenos y se expresaba en estos términos: «Exigir a todos los colegas de la corporación, por respeto a los demás miembros y al público en general, la asistencia a las sesiones y las comisiones debidamente presentables con la correspondiente higiene y aseo personal, prohibiendo la asistencia con gorras, sombreros, viseras, fundas, barba y otras prenda de mala imagen, salvo en caso de extrema necesidad y excepcionalmente».
La decisión, que se adoptó el 6 de mayo de 1988, no pasó desapercibida. De hecho, el día 24 La Voz de Galicia se hacía eco de la amenaza de impugnar el acuerdo del gobernador civil de Ourense, que requería a la corporación municipal que dejara sin efecto la moción aprobada en el pleno. Y lo hacía apelando a la Ley de Bases de Régimen Local.
Discriminación
«El contenido de la indicada moción podría ser reputado de inconstitucional por contener una clara discriminación. En caso de que no dejen sin efecto el acuerdo, procedería a impugnarlo ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto», terminaba la información que ofrecía el periódico a aquel respecto.
Dos días después el pleno de reunía tras recibir el requerimiento de Francisco González y analizaba un informe elaborado por el secretario municipal —que en aquel momento era Plácido Álvarez, hoy alcalde de Muíños por el PP— en el que se sugería la sustitución de algunas expresiones del acuerdo tomado tras la aprobación de la moción de AP. Pretendía calmar los ánimos, mantener la convivencia y evitar que el gobernador civil tomara medidas. «En concreto —relataba el corresponsal en Sarreaus— se propone la eliminación de exigir y prohibir, palabras que podrían sustituirse por aconsejar o exhortar, manteniendo el espíritu de la moción intacto, con lo que se evitaría herir más a sus promotores». Y es que la repercusión del acuerdo había sorprendido, y no para bien, a los representantes de Alianza Popular en este municipio ourensano.
Tampoco había pasado desapercibido para los vecinos el acuerdo municipal: la opinión popular, a favor o en contra de barbas y gorras, se dividía más en función de las ideas políticas de los vecinos que del contenido en sí del acuerdo, según testaba el corresponsal del periódico.
[Consulta aquí la página de mayo de 1988]
«No asistió a esta sesión plenaria uno de los concejales de la oposición a los que, al parecer, iba dirigida la moción por su costumbre de llevar la cabeza cubierta. El otro habitual usuario de visera estuvo presente, pero sin ella. Juan Rivero, edil que redactó el escrito, llevaba corbata», recogía una de las crónicas del momento.
Entonces no se tomó una decisión, de manera que el debate se mantuvo durante semanas. El alcalde aseguraba que el tema estaba «en estudio» y el pleno volvía a reunirse en una nueva sesión extraordinaria —ya con los dos concejales que solían ir cubiertos sin sombreros, gorros ni viseras— para mantener la prohibición, haciendo caso omiso a las indicaciones del gobernador civil. De hecho aseguraba que no había informado de qué ley se estaba infringiendo con la aplicación de esa norma.
En aquel momento se sumaron siete votos a favor de AP-CdG y CPG frente a la oposición de los cinco ediles del PSOE.
Para evitar la «mala imagen»
El regidor, Antolín García, aseguraba que no existía discriminación alguna puesto que la recomendación para evitar la «mala imagen» se aplicaba a todos los concejales, no solo los de la oposición. «Se trata de evitar situaciones de exceso, especialmente las intencionadas y las que afectan a las normas de convivencia ciudadana», especificaba al ser preguntado por la contundencia de palabras como «prohibir» o «exigir».
Finalmente, agotadas las maniobras y los plazos, el gobernador civil llevaba la decisión del Ayuntamiento de Sarreaus a la sala de lo contencioso-administrativo.
En todo caso pasó el tiempo y, después de dimes y diretes, la norma sobre las gorras y las barbas se quedó por el camino.