La Diputación cederá sus tierras a emprendedores agrícolas

Miguel Ascón Belver
MIGUEL ASCÓN OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Santi M. Amil

La entidad posee 55 hectáreas en A Limia y diversas fincas de cultivo

18 dic 2013 . Actualizado a las 07:30 h.

La Granxa Antela, situada entre los municipios de Xinzo de Limia y Sandiás, dispone de 55 hectáreas de tierras cultivables. La Diputación, propietaria de esa superficie, planea incluirla en un Banco de Terras que se pondrá a disposición de proyectos de emprendedores en el ámbito agrícola y forestal. Según informa la institución provincial, las parcelas se adjudicarán en «concorrencia competitiva e pública» y se primarán aquellas personas «que teñan proxectos empresariais para desenvolver no ámbito rural e non dispoñan de terras para facelo».

Además de la Granxa Antela, la Diputación dispone de otras propiedades rurales en O Reino, Armariz y Vilamarín, aunque actualmente se utilizan para otros cometidos, como la recuperación de razas autóctonas. Sin embargo, la institución posee también otras fincas cultivables y, en la mayor parte de los casos, infrautilizadas que se reparten por distintos puntos de la provincia. Esas también se incluirían en el citado Banco de Terras que pretende crear la Diputación ourensana.

Plan Ourense 92

El plan de gestión operativa de la Diputación (bautizado como Plan Ourense 92 y presentado en junio del año 2012) preveía esta iniciativa bajo el epígrafe «Plan de emprendedores agrarios: tierras para los cultivos». El calendario prevé su ejecución para septiembre del próximo año, pero el primer paso dado ayer con la firma de un convenio con la Fundación Incyde y la Cámara de Comercio para desarrollar cursos de formación para los interesados en poner en marcha proyectos en el ámbito agrícola y forestal ha permitido conocer algo más de los planes de la institución.

Con esta iniciativa, la Diputación encontraría, además, un uso para unos terrenos que generan poco más que gastos. De hecho, la oposición lleva años reclamando que la institución se deshaga de estas propiedades y las ceda a la Xunta, con competencias más claras en el ámbito rural. Ambas entidades llegaron a negociar en varias ocasiones, pero nunca con éxito. Esta sería una solución alternativa.