El Contencioso remite al fiscal datos sobre una reclamación por impago
19 oct 2013 . Actualizado a las 07:05 h.La Fiscalía ha recibido un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense por si hubiese lugar al ejercicio de la acción penal en un nuevo caso de contrataciones por parte del Concello de O Carballiño en el año 2005. La empresa La Montañesa demanda en esta ocasión la cantidad de 129.689,50 euros al Ayuntamiento por unos trabajos realizados. Teniendo en cuenta la coincidencia de esta demanda con dos anteriores del mismo grupo empresarial, a través de otras sociedades, el juez decidió enviar directamente el caso al fiscal.
En el auto se indica que la empresa La Montañesa durante un largo período de tiempo prestó por encargo directo de determinadas autoridades y personal del Concello de O Carballiño -en aquella época era alcalde el socialista Carlos Montes- servicios de transporte, en su mayoría para los alumnos de la escuela municipal del fútbol de la villa. Subraya: «Lo hizo con omisión administrativa. Ni hubo expediente de licitación del servicio, con publicidad y libre concurrencia. Ni tampoco reserva, ni fiscalización de crédito. Ni mucho menos se pactó el precio ni se formalizó contrato». Explica que, como en los dos casos anteriores -que ya se encuentran en la Fiscalía -, el sistema de pago de sus servicios se realizaba mediante la mera presentación de facturas, por la vía de reconocimiento extrajudicial de créditos. Añade que para encubrir dichos servicios con la apariencia de cuantías propias de contratos menores giraban las facturas a nombre de tres sociedades distintas, pero con un administrador único.
Fue a raíz de la práctica de las pruebas testificales administrativas en este proceso -a la última estaba convocado el propio Carlos Montes, aunque no acudió- cuando el juez dice constatar que la declaración de los testigos pudiera tener una relevancia penal. Circunstancia por la que suspendió las vistas para remitir la información al fiscal. Entre otros testimonios, un concejal había afirmado: «Siempre se hacía de esta manera».
Personal
Por otro lado, antes del verano, el fiscal solicitó al Concello de O Carballiño diferente documentación sobre contrataciones de personal realizadas en el año 2005. En total 35 de las que 22 fueron declaradas indefinidas un año después. Esta petición se hace a raíz de iniciarse un juicio por el despido de varios trabajadores, en el presente año, que tuvieron que ser readmitidos o indemnizados. En septiembre fue enviada toda la documentación requerida que en la actualidad se encuentra en poder de la Fiscalía. Investiga si los contratos, realizados por decreto, se hicieron cumpliendo con los requisitos que demanda la ley; y si el paso a indefinidos se rigió por la normativa de contratación pública.
Finalmente, también se remitirán a la Fiscalía los testimonios de un juicio por impago -cuando la sentencia sea firme- para que el ministerio público compruebe si el Concello pudo haber cometido, de forma continuada, delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, en la época en la que Pachi Vázquez era alcalde. Se trata del impago de doce facturas a una empresa de obra pública por valor de 66.569 euros, más 47.709 de intereses.
Encargos directos
En la sentencia se explica que las partes del proceso dan por cierto que realizaron los trabajos de pavimentación de las calles que señala en su demanda y que se concluyeron en el 2003. Añade que se hicieron por encargo directo de Pachi Vázquez, o del concejal de Vías y Obras, «sin previa formalización de contrato, ni fiscalización, ni retención de créditos». En 2005 la junta de gobierno del Concello acordó asumir la deuda por la vía de reconocimiento extrajudicial de crédito, como en el caso de la empresa de transporte.
El juez suspendió cuatro procesos ante la sospecha de que hubiese un delito de carácter penal
Veintidós contratos pasaron a indefinidos un año después por decreto de la alcaldía