En los últimos meses hemos podido ver diferentes muestras de expresión social contrarias a la ley de amnistía. Que haya manifestaciones y concentraciones en la calle no es nada que deba extrañar a cualquier ciudadano con ideales democráticos. Lo insólito ha sido ver concentraciones de jueces y magistrados a las puertas de los tribunales de justicia contra la proposición de ley. A mayor perplejidad, acompañados hombro con hombro por cargos de fuerzas políticas contrarias a la amnistía. A esto hay que sumar los insultos en público al presidente del Gobierno proferidos por un magistrado o las actuaciones judiciales que parecen surgir de la nada. ¿Es esto una plena independencia del poder político?
La defensa de la separación de poderes no casa bien con una asociación evidente entre jueces y políticos. Más, si cabe, si se desoyen los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial cuando se pronuncia sobre los comportamientos éticos que, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son esperables por parte de los jueces. Estos dictámenes, del 18 y 19 de septiembre del 2023, concluyen que los jueces tienen pleno derecho a asistir a manifestaciones, pero sin realizar acciones que pongan en duda su independencia. Por ende, recomiendan no acudir a estos actos si suponen una toma de posición política o si se pone en entredicho la confianza en la justicia. Defender la democracia y los derechos fundamentales es positivo éticamente, salvo que las manifestaciones sean convocadas con un fin partidista. ¿Está realmente en riesgo la Constitución y el Estado de derecho o solo se está en contra de las líneas políticas del Gobierno?
Por otra parte, ha sido objeto de crítica la creación de comisiones parlamentarias que traten sobre si existe alguna intromisión del poder judicial en el legislativo. No es más que un mecanismo de seguimiento y defensa. Los poderes del Estado no son compartimentos aislados, sino que también se relacionan entre ellos. Sin embargo, ninguno debe entrometerse en las labores de los demás. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial ha actuado y puede actuar cuando considera que ha habido un ataque a su independencia y al Estado de derecho. ¿No puede hacer el legislativo lo mismo?
La cuestión de la independencia de jueces y magistrados debe llevarnos a reflexionar y cuestionarnos algunas creencias. Se nos ha convencido de que los jueces, por razón de lo que representan y las labores que ejercen, alcanzan una abstracción total de su ideología y deseos. Pero todos los jueces y magistrados tienen ideología. Creer que por el mero hecho de su nombramiento les invade la neutralidad total supone un ejercicio de fe cuasi religioso. Sin embargo, compartir esto no implica pensar que nuestro sistema judicial es parcial o está viciado. Existen numerosas medidas (acusación y defensa, recursos, publicidad, sometimiento a las leyes…), las cuales logran un sistema judicial lo más justo y garantista posible.
Cada poder del Estado tiene sus funciones perfectamente encomendadas y no puede servir como punta de lanza de los intereses particulares. Es necesario que impere la cordura y que cada poder realice las funciones que le son propias para que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones.