Prueba de acceso a la universidad: historia de una desigualdad crónica
OPINIÓN
Todos los estudiantes son iguales, pero hay algunos más iguales que otros, diría Orwell de conocer cómo en España cada comunidad autónoma convoca su propia prueba de acceso a un distrito universitario único, integrado por 50 universidades públicas y más de 2.000 grados ofertados. Para que este distrito funcione necesitamos el mismo currículo, la misma prueba y los mismos criterios de calificación. Solo así garantizamos la igualdad de oportunidades y condiciones, independientemente del lugar donde nuestro alumnado finalice sus estudios.
Entre el 5 y el 15 de junio, más de 200.000 estudiantes se presentan a 17 modelos diferentes de prueba y calificación en las 17 autonomías. En el 2022 se aplicaron 11 criterios diferentes respecto a los puntos penalizados por error ortográfico en Lengua Castellana. Mientras en Andalucía se restaba un máximo del 0,75 % de la nota, en Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura se podía suspender.
Esta desigualdad afecta a la evaluación de cada asignatura en cada comunidad autónoma; unas más memorísticas, otras más competenciales, todas aplicando criterios de calificación dispares. La desigualdad empieza en el bachillerato, cuando el 60 % de la calificación de la prueba lo determina el centro educativo. En los últimos seis cursos se ha disparado la inflación de sobresalientes en esta etapa. En el 2022, el 30 % del alumnado extremeño, canario y murciano obtuvo sobresaliente, 8 puntos más que la media de sobresalientes en el conjunto del Estado. En su prueba de acceso, este alumnado ocupó las ultimas posiciones respecto a los sobresalientes de las otras comunidades, pero se posicionaron de forma ventajosa para acceder a los grados más demandados, Medicina, Biotecnología o el doble de Matemáticas y Física, resueltos por milésimas.
Es un hecho que nuestra prueba adolece de baja uniformidad y objetividad. Esto impide reducir la arbitrariedad potencial de todo examen competitivo. ¿Qué hacer?
El Gobierno manifiesta que con 17 modelos de bachillerato diferentes y las competencias de educación transferidas es inviable una prueba única. El Ejecutivo disfraza de eufemismo jurídico la falta de voluntad política. ¿Por qué?
Porque el Gobierno determina las características, diseño y contenido de esta prueba. Porque el Gobierno define competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de cada materia y curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables por bloques de contenidos. Porque, aunque las comunidades autónomas elaboran su currículo, corresponde al Estado establecer sus aspectos básicos o enseñanzas mínimas en un 50 o 60 % de su horario lectivo, según tengan lengua cooficial o no, para asegurar una formación común a nuestros estudiantes.
Conclusión: el Gobierno puede establecer una prueba única sobre estas enseñanzas mínimas en todo el Estado. Lo que no puede hacer un Gobierno es permitir que las diferencias territoriales, la inflación de notas y unas pruebas rutinarias y predecibles conviertan 2º de bachillerato en un curso histérico y ansioso para estudiantes y familias, limitado a ser un entrenamiento exprés para superar una prueba que ni es única, ni garantiza la igualdad de oportunidades.