El 20 de septiembre del 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se presentó en la Moncloa para lanzarle un órdago a Mariano Rajoy, a la sazón presidente del Gobierno con una omnímoda mayoría absoluta. El planteamiento de Mas fue claro. Lo que necesitaba Cataluña era un concierto económico similar al que ya disfruta el País Vasco, que le permite recaudar todos los impuestos y luego echar cuentas para abonarle al Estado la parte alícuota que le corresponda por los gastos que benefician a todas las comunidades. Una reclamación que puede ser discutible en términos de solidaridad, pero que, como acaba de señalar el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, no resulta disparatada si se tiene en cuenta que tanto el País Vasco como Navarra tienen un régimen fiscal distinto al del resto de comunidades. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?, era el planteamiento de Mas.
La respuesta de Rajoy fue taxativa. No rotundo a ese pacto fiscal porque resultaba «contrario a la Constitución» y advertencia firme de que el Estado combatiría frontalmente cualquier postura que «cuestione el marco constitucional». Lo que vino después de esa negativa tajante a hablar siquiera de la cuestión es ya conocido. Un desafío independentista en Cataluña sin precedentes que, a lomos del victimismo, se ha convertido en la mayor amenaza que ha sufrido hasta hoy la Constitución de 1978, ha puesto patas arriba el sistema y ha supuesto un daño irreparable para la imagen de España, incluso en términos económicos. Durante estos cuatro años, el Gobierno se ha mantenido inflexible en el rechazo frontal a las reclamaciones de los soberanistas, comprometiendo de paso en esa causa al poder judicial y a todos los partidos que no secundan el derecho a decidir, mientras el Ejecutivo y el Parlamento catalanes creaban un gravísimo conflicto institucional, pisoteando todas las leyes y desobedeciendo todas las sentencias del Constitucional.
Pero hoy, después de cuatro años de total ausencia de diálogo político, el mismo Gobierno del PP, aunque ahora en minoría parlamentaria, se muestra dispuesto a negociar todo aquello que Rajoy le negó a Mas en el 2012 -y dos huevos duros si hace falta-, con la única condición de que se renuncie al referendo independentista. El pacto fiscal ya no es un tabú. De hecho, el Gobierno estaría encantado de concedérselo a Cataluña si eso solucionara el problema. Sáenz de Santamaría, antes látigo de los nacionalistas, abre despacho en Barcelona y vive en el puente aéreo. Junqueras, otrora Belcebú, pasa a ser interlocutor válido. Rajoy les pide a sus ministros máximo diálogo con la Generalitat, a pesar de que Carles Puigdemont siga a lo suyo y convoque para el 23 de diciembre un nuevo aquelarre independentista. El mensaje que se transmite con esa actitud es que violando la ley y la Constitución se doblega al Estado. Y que, además, sale gratis. ¿Soy el único que piensa que el Gobierno está tomando el pelo a todos los españoles, incluidos los catalanes?