Está siendo notable la influencia del tema estrella de este año en la cumbre de Davos. Allí las mentes supuestamente más lúcidas e influyentes del planeta analizaron la actual oleada de automatización masiva, basada en una combinación de la inteligencia artificial y la robótica, en la combinación de las tecnologías de la información y la comunicación con la ya muy prolongada oleada de automatización. Lo que se ha dado en llamar Industria 4.0 se considera que será la cuarta revolución industrial, con la digitalización e interconexión extrema de la actividad productiva.
El mensaje es muy sencillo: las nuevas máquinas nos liberarán de las tareas más repetitivas, aunque a costa de una gran destrucción de empleo a corto plazo (cinco millones en los países más desarrollados), destrucción neta que se podría reducir en el largo plazo con nuevos empleos asociados a esa robotización masiva. Permitiría competir mejor a los países desarrollados (con mano de obra más cara) con aquellos con costes laborales muy bajos. Su mayor amenaza (aparte de los nuevos desempleados) estaría en unos menores ingresos públicos para financiar sistemas de protección social (pensiones) que descansan en la masa salarial de las empresas. De manera que tenemos un nuevo argumento que reforzaría la insostenibilidad del actual Estado de Bienestar en esta parte del mundo. Aunque hay otra forma de evaluar y manejar este proceso de automatización y robotización masiva. Para empezar debemos partir de la premisa de que los logros tecnológicos que lo hacen posible son en gran medida resultado de los esfuerzos públicos y estatales en investigación y desarrollo.
Una cuestión que se muestra meridianamente clara (para los casos de Apple, Google, Amazon, Microsoft, etcétera.) en la investigación de Mariana Mazzucato (El Estado emprendedor, mitos del sector público frente al privado RBA, 2014). Es por eso que los sectores tecnológicos en vez de evadir y distraer recursos fiscales tendrían que financiar reforzadamente al sector público. Para romper con «una economía que socializa los riesgos y privatiza los beneficios» (p. 296). Sobre esa premisa bienvenida sea una reducción del tiempo social de trabajo necesario en labores monótonas y repetitivas, siempre y cuando tenga dos consecuencias: que las jornadas laborales anuales se reduzcan en proporción para los ocupados, y que las aportaciones de las empresas para financiar la protección social dejen de hacerse en exclusiva sobre la masa salarial y pasen a hacerlo en función del valor añadido.
No hacerlo así supone de facto penalizar las empresas que son más intensivas en empleo y que retribuyen mejor a sus empleados. El Estado del siglo XXI, según documenta el trabajo de Mazzucato (y antes de ella los escritos de André Gorz), tiene muy poderosos argumentos para plantear ambas cosas. El lector interesado puede consultar al respecto dos recientes análisis para España (24 de julio) y Galicia (7 de agosto) en el suplemento dominical Mercados de este diario.