Ni gratificante, ni reparadora, ni ejemplarizante. Ni siquiera moralizante. La sentencia que condena a los destructores de las cajas de ahorros gallegas a penas de cárcel, en la que no van a entrar, y a devolver el dinero que no era suyo, no puede resultar edificante. Todo lo contrario. Más bien invita a que quienes disponen de la facultad de decidir sobre los dineros públicos sigan su ejemplo.
No tengamos la menor duda de que lo más molesto para los exterminadores de las cajas fue sentarse en el banquillo y verse retratados en las portadas de los periódicos y en los telediarios. Porque unas multas como las impuestas son, cuando menos, esperpénticas.
Resulta difícil de entender cómo se puede ser tan generoso después de reconocer que las cajas estaban quebradas y tenían graves problemas de viabilidad. Y que, pese a ello, sus señoritos se asignan a espaldas del consejo unas indemnizaciones millonarias, al tiempo que destrozan las entidades, ejecutan embargos y rechazan cualquier posibilidad de entendimiento con aquellos a los que estafaron con el invento de las preferentes.
La sentencia es, por encima de todo, contradictoria con otras en las que la Justicia arremete implacable contra el camello, el ladrón de bicicletas o la madre que utiliza una tarjeta ajena para dar de comer a su hijo. Menos mal que sufrieron la condena de los telediarios. Porque la sentencia nos confirma aquello que decía Bordeaux de que «en la Justicia siempre hay peligro: o por parte de la ley o por parte de los jueces».