Que Artur Mas es un político egoísta e irresponsable que, sin dudarlo, ha metido, primero a Cataluña y luego a España entera, en la más grave crisis política que ha vivido este país desde el fallido golpe de Tejero es conocido. Como lo es que Mas, con el apoyo entusiasta de unas élites ebrias de sectarismo, ha provocado, al servicio de su delirante proyecto independentista, una catástrofe en la sociedad catalana, rota internamente tras una formidable campaña de manipulación que ha tenido como objetivo dividir a los catalanes en dos castas: la superior (la de los favorables a la secesión) y la inferior (la de los que están en contra), calificados sin reparos como traidores al país o falsos catalanes.
Pero Mas es, además de todo ello, un cara dura. Sí, un carota comparable a los que sablean por la calle a los amigos, venden productos defectuosos como de primera calidad o dicen adivinar el provenir con un tarot. Mas es el Rappel del independentismo. En el equipo de futbol de mi pueblo había hace años un jugador que crucificaba a los contrarios a patadas y que se tiraba al suelo, falsamente dolorido, cada vez que le machacaba a alguien la canilla. De ese clase es Artur Mas, quien como un bravucón de taberna, amenazó el viernes el presidente del Gobierno con denunciarlo por abuso de poder. Se supone, claro, que utilizando para ello el mismo ordenamiento jurídico que Mas lleva violando abiertamente y del que lleva riéndose a mandíbula batiente desde hace mucho tiempo.
Que Mas critique al Gobierno por abuso de poder es un escarnio para la ley que el presidente de la Generalitat está constitucionalmente obligado a defender y que se pasa tan tranquilo un día sí y otro también por el arco del triunfo. Recurriendo a las previsiones legales, y cumpliéndola con escrupulosidad, el Gobierno ha impugnado el monumental fraude de ley que la Generalitat pretende perpetrar el día 9. Mas dispone de los instrumentos que la ley le otorga para oponerse a esa impugnación, que deberá acatar si el TCE, como es probable, la aceptase. Pero, en lugar de eso, Mas ha optado por la bravuconería, que es el último recurso que le queda a quien sabe que la ley no ampara, sino que prohíbe, su forma de actuar y que no prohíbe, sino que ampara, la del Gobierno nacional.
Solo hay que esperar que esa actuación ilegal y profundamente antidemocrática no acabe por salirle gratis al presidente de la Generalitat. Pues, como señalaba ayer aquí Xosé Luis Barreiro en un artículo excelente, sería tan inexplicable como escandaloso que un alcalde pueda ser castigado penalmente con la expulsión de su cargo por haber tramitado erróneamente un expediente mientras Mas se sale de rositas pese a llevar semanas pateando la Constitución, la ley y las resoluciones del TCE. Eso sí que es abuso de poder.