El espectáculo es nauseabundo. Un presidente reconoce que ha defraudado al fisco durante treinta años, y lo hace con soberbia, descaro y sin un ápice de arrepentimiento. Pero lo peor es lo que no confiesa. Porque hay fundados indicios de que se aprovechó de su posición para lucrarse, él y toda su familia, en menoscabo del dinero público y extorsionado a los empresarios. Algo parecido a lo que, según la Guardia Civil, hizo Jaume Matas. Puede ocurrir que haya un presidente ladrón. A fin de cuentas es condición humana. Pero que haya más de uno es algo más que una simple coincidencia. Es un síntoma de la más grave enfermedad que aqueja a este país. Porque nadie roba desde la soledad de un despacho. Han aplicado prácticas mafiosas, y ya se sabe que estas solo posibles con una cohorte de secuaces. Por acción o por omisión, con conocimiento o mirando para otro lado, nada de todo esto habría sido posible sin la connivencia de muchos que hasta ahora han guardado un elocuente silencio. Como el del ministro de Hacienda, que ha aprovechado el estruendo para ponerse al frente de la persecución cuando él mismo reconoce que hace catorce años ya se inspeccionó a la familia Pujol. ¿Cómo explica que en todo este tiempo la investigación no haya conseguido nada? ¿Por ineptitud o porque no se ha querido? Lo cierto es que, tal y como están las cosas, no hace sino alimentar las sospechas de contubernio. Y si algo deberíamos haber aprendido de estos latrocinios es que para evitarlos hay que multiplicar los mecanismos de control y la transparencia de las instituciones, para impedir que acaben convertidos en cotos particulares, como ha sucedido. Y que puede volver a ocurrir, por ejemplo en los ayuntamientos, si se refuerza el poder de un único partido, como se pretende con la reforma electoral.