Mi afirmación de que el catalán es un Gobierno bonito no se refiere, como alguien por error podría pensar, a la belleza de sus miembros (cosa en la que ni entro ni salgo, por supuesto), ni, mucho menos, al atractivo de su gestión, que, muy lejos de buena, considero desastrosa. Que se lo pregunten, si no, a las residencias de la tercera edad de Cataluña, a las que el Ejecutivo de Mas debe la friolera de 100 millones de euros, como consecuencia de lo cual muchas están a punto de cerrar.
No, el de Cataluña es, desde mi punto de vista, un Gobierno bonito en el sentido en que lo son esos niños a los que calificamos así porque están acostumbrados a hacer lo que les place, convencidos de poseer una bula que les da derecho a comportarse de forma diferente a como lo hacen los demás y a que, encima, se aplaudan, como gracias, sus baladronadas.
Si alguien comete un delito es detenido y procesado. Multado con dureza si se salta un ceda el paso. Sancionado si no paga sus impuestos. Embargado si no abona el impuesto de circulación de su vehículo. Y castigado si no cumple una sentencia judicial. El principio es el mismo en todos esos casos y en otros muchos que podrían añadirse: que las leyes están para cumplirse y que quien no lo hace debe pagar por ello, pues esa es la única forma que las sociedades complejas han encontrado para vivir de un modo civilizado, que es aquel en que todos respetan los derechos de los otros.
Pues bien, estos principios, que se aplican, o al menos tratan de aplicarse, a todo el mundo, no corren para el Gobierno catalán, que lleva incumpliendo desde hace años las leyes y sentencias judiciales que lo obligan a modificar el sistema de inmersión lingüística que, en claro abuso de las previsiones de la Constitución, estableció en su día el pujolismo con la increíble complicidad de casi todos los partidos catalanes.
El Tribunal Constitucional estableció en su sentencia sobre el Estatuto catalán una doctrina claramente contraria a esa inmersión. En cumplimiento de ella, el Tribunal Supremo ha dictado gran número de sentencias obligando a su modificación. Y, en aplicación de tal jurisprudencia del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sucesivos autos -el último hace apenas unos días- instando a la Generalitat a hacer lo que hace todo quisque: cumplir las sentencias judiciales.
Sin embargo, las autoridades catalanas, sin disimulo alguno, y con una chulería más propia de matones que de servidores públicos, se niegan a hacer aquello a lo que están obligadas legalmente, pasándose normas y sentencias por el arco del triunfo.
La respuesta a la pregunta de por qué actúan de ese modo es inquietante. Pero lo es mucho más la cuestión que esa respuesta suscita de inmediato: ¿Por qué se les tolera? Esa, ¡ay!, es la cuestión.