T odos sabemos que la crisis financiera vino de una economía especulativa de alto riesgo, y que algunos de sus gestores están dirigiendo la economía, e incluso la política, de Europa, mientras atizan las agencias que los mismos manejan. También sabemos que en el caso español, la burbuja inmobiliaria vino de la mano de políticos consentidores, y en muchos casos corruptos, y de bancos que abrieron las manos con dinero fácil a ciudadanos confiados o irresponsables. En ese ambiente generalizado de euforia consumista, las Administraciones se embarcaron en actuaciones de un denostable márketing urbano y arquitectónico (con el Gaiás como máximo exponente), en eventos efímeros (fórmula uno, por ejemplo) o en despilfarros semejantes. España se singularizó, una vez estallada la burbuja, por el elevado paro y por el excesivo endeudamiento privado, más que por el déficit público.
En este espectáculo los trabajadores empezaron a pagar las consecuencias muy pronto: desempleo, impuestos, rebajas salariales, mientras los banqueros se fueron a casa con los bolsillos llenos, incluso cuando las entidades recibieron dinero público, y los políticos con dietas, auxilios y apoyos variados. En esa tesitura, o peor, están los sindicatos, las patronales y los partidos políticos. Todos ellos devoran ingentes cantidades de dinero vía subvenciones directas e indirectas que engordan cuantiosos sueldos de dirigentes. El fraude fiscal y la tolerancia con las grandes fortunas privan al sistema de ingresos que podrían aliviar los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos. ¿Dónde estuvo en todo esto la solidaridad y la ética? La estructura social del país es hoy muy distinta: las diferencias sociales han aumentado, la clase media adelgazó notoriamente, y los ricos cada vez más ricos, como decía aquel axioma marxista de un tiempo pasado. Y en el medio de la tragedia los efectos de una deslocalización destructora de empleo y oportunidades, pero reforzadora de nuevas potencias competidoras o dominantes. Al Gobierno, maniatado, no le quedan apenas salidas, pero Administraciones y políticos tienen aún mucho que aportar para dar ejemplo de solidaridad. Debe de haber más de dos mil diputados de todo tipo, más de cincuenta mil ediles con sueldos excesivos, y muchos miles de cargos en organismos prescindibles, o en televisiones regionales y locales innecesarias. Sumemos miles de liberados sindicales ociosos. Tal vez sean ellos los que pasen a engrosar, con los defraudadores, la nueva clase media, porque de seguir así, la clase baja será el refugio de los asalariados. Como antes había sido.