LA PICARESCA es en nuestro país una actitud aceptablemente aceptada. Un pícaro no es un delincuente; es, sobre todo, un tramposo, quizás al margen de la ley, pero en ningún caso enfrentándose con ella. Y España, de hacer caso de las reiteradas noticias periodísticas, es un país de abundantes pícaros o tramposillos. A los pícaros les molesta mucho que les llamen delincuentes; es decir, que cometen delitos, y prefieren que se les tilde de astutos, lanzados o similares. Hay que ver cómo se pondrían los constructores incursos en la operación Malaya de Marbella si se les titulase de presuntos delincuentes por haber cometido, presuntamente, el delito de cohecho, que consiste en haber atendido a solicitudes ilegales de autoridades o funcionarios (versión leve) o corromper o intentarlo a autoridades o funcionarios (versión fuerte). El delito de cohecho, ya sea por unos constructores u otros, se ha cometido; de dónde si no se podrían explicar las cantidades ingentes de dinero que el asesor municipal de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, acumuló y que en parte repartió entre los concejales. Dejando sentado que pocas instrucciones tan importantes ocurren como la que se está produciendo en los juzgados de Marbella, no es menos cierto que el problema vendrá a la hora de juzgarlos, lo que implica pasar de indicios a realidades. Los concejales prevaricadores declararán con verdad estólida propia de los culpables que ellos no se enteraban ni participaban en la trinca. Y los constructores, negarán cualquier atisbo de participación en los hechos delictivos, lo que a la larga llevará a que tengan posibilidades de librarse de condena. Sería un desastre que de forma generalizada lograsen la absolución, como viene siéndolo el que nadie se atreva a denunciar con datos concretos la realidad de los pagos a los que en su día, esterilmente, hizo mención el por entonces ministro Borrell, o al 3% manifestado de forma genérica por Maragall. Y no se denuncia porque de hacerlo se convierten formalmente en delincuentes y serían condenados, lo que imposibilita en la práctica su declaración. Algo entrevió el legislador de 1995 cuando en el nuevo Código Penal introdujo la excusa absolutoria para el particular que habiendo accedido a la solicitud de dinero lo denuncie antes de diez días. A mi parecer, debería ampliarse el plazo. Si en vez de diez días fuesen diez años, más de uno empezaría a temblar, temiendo convertirse en malayo , lo que supondría un avance decisivo en la lucha contra la corrupción. De lo contrario, pícaros y malayos , pero no delincuentes.