Actúa contra administraciones y 50 tripulantes. La multa puede llegar a 600.000 euros
20 jun 2015 . Actualizado a las 13:56 h.Dentro de las cajas repletas de documentos que se requisaron en el marco de la denominada operación Sparrow -lanzada en marzo por el Ministerio de Agricultura contra la pesca ilegal en el océano Antártico- estaba la clave para desenredar la madeja de empresas pantalla y sociedades interpuestas que empañaban la identidad de las verdaderas casas armadoras de los pesqueros Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai, que desde hace años figuran con ese u otros nombres y bandera en la lista negra de CCAMLR (Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida). Los más de 3.000 documentos recopilados en las inspecciones realizadas en oficinas de armadoras gallegas -como la realizada en los locales que en un tiempo ocupó Vidal Armadores, de Ribeira- han permitido a Agricultura iniciar un proceso sancionador e imputar a varias empresas -no aclara el ministerio ni cuántas ni cuáles- con sede en Galicia la explotación de cuatro buques pirata y el desarrollo de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras relacionadas con las acciones ilícitas de los pesqueros en la Antártida.
El Gobierno vincula a estas casas con otras empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, que figuraban como propietarias del barco o se encargaban de su gestión y explotación o bien se ocupaban de comercializar sus capturas. Esas sociedades interpuestas tenían su domicilio en paraísos fiscales, como Belice y Panamá, o en Suiza.
Multas e inhabilitación
La sanción no se detiene en las personas jurídicas. También salpica a las físicas, pues Agricultura imputa los ciudadanos españoles que figuraban como administradores de las sociedades pantallas la presunta realización de actividades comerciales y financieras directamente relacionadas con la actividad de los citados buques ilegales.
En total, imputa 19 infracciones muy graves a la Ley de Pesca Marítima, sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
No se libran ni los tripulantes. Hasta 50 marineros españoles, en su mayoría gallegos, van a ser expedientados por haber estado enrolado en esos barcos piratas durante los últimos años. Lo serán por haber participado en actividades de pesca ilegal, pero también por no haber comunicado a Pesca que estaban enrolados en puestos de mando en un buque de un tercer país.
España hará caer todo el peso de la ley a sus nacionales, pero pretende que no quede ningún resquicio de impunidad contra los propietarios de los barcos piratas. Así, además del castigo español, comunicará las infracciones a los países de bandera de los barcos, Guinea Ecuatorial y Tanzania, para que apliquen también sus sanciones. Y si por lo que fuese esos países no hubieran iniciado acciones tres meses después del aviso, Agricultura abriría expedientes sancionadores para depurar responsabilidades oportunas.
Redes de distribución
También rebelará a los países implicados el modus operandi de las empresas gallegas para comercializar sus capturas ilegales, pues con la operación Sparrow ha conseguido descifrar las redes de distribución, a través de empresas asentadas en terceros países. Si el operativo desplegado en marzo contra la pesca ilegal no tiene precedentes a nivel internacional, la saña sancionadora del ministerio tampoco. Y es que Agricultura está estudiando las posibles acciones legales para hacer frente a aquellas empresas que han prestado servicios o apoyo a las actividades de los citados buques ilegales. Habla de actuar contra las compañías que le proporcionaron gasoil, carnada, pertrechos e, incluso, las sociedades que les han prestado servicios financieros o asegurado el buque y su carga.
Colaboración internaciona
El Gobierno español agradeció la estrecha colaboración prestada por Nueva Zelanda y Australia, con los que se ha estado en contacto y que fueron los primeros en divulgar las sospechas de que el Kunlun, Songhua y el Yongding pertenecían a Vidal Armadores, así como a la red de Embajadas españolas, que han realizado gestiones esenciales sobre el terreno.
España advierte de que seguirá actuando con determinación para evitar la entrada de pesca ilegal en el mercado europeo y para acabar con la impunidad de los pesqueros piratas y subraya la necesidad de ratificar el acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado de Puerto para disponer de más armas contra esa lacra.