El Concello tendrá que decidir si suspende la funcionarización de 130 trabajadores
LUGO
CSIF presenta una solicitud a la vista de la denuncia de Comisiones sobre irregularidades
17 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso de funcionarización de los alrededor de 130 trabajadores laborales fijos del Concello puede sufrir aún más retraso. El sindicato CSIF, ante las afirmaciones efectuadas por Comisiones Obreras sobre la posible existencia de irregularidades en unas cien plazas municipales, demanda la paralización cautelar de la funcionarización.
El delegado sindical de CSIF Benito Martínez firma un escrito, ya presentado oficialmente, dirigido a la alcaldesa, en el que solicita que «por la junta de gobierno local se acuerde la suspensión cautelar del proceso extraordinario de funcionarización (...) y que, asimismo, dicte el oportuno decreto para que se revise cada uno de los contratos y forma de acceso a la plaza de personal laboral fijo de cada uno de los 128 trabajadores inmersos en aquel proceso, para confirmar en derecho su forma legal».
En el mismo escrito se destaca que representantes de Comisiones Obreras, el pasado día 7 en la mesa general de negociación, «sacaron a colación la posible existencia de, al menos, 100 puestos de trabajo irregulares en la plantilla del Ayuntamiento de Lugo». Añade: «Tal les pareció la gravedad del asunto que exigieron que se iniciara expediente para deducir las responsabilidades a que hubiere lugar en el servicio de Personal consistorial».
El sindicato CSIF, mayoritario en la Policía Local, recuerda que la junta local de gobierno aprobó el 8 de mayo de 2013 la oferta de empleo público del proceso extraordinario de funcionarización. Posteriormente, el 28 de agosto del mismo año fueron aprobadas las bases generales del indicado proceso, «confirmándose que serían un total de 128 plazas las que lo conformarían».
En el escrito presentado en el Concello el pasado viernes se señala: «A raíz de lo expuesto por los representantes de CC.OO., ya no solo en la mesa [general de negociación], sino a través de rueda de prensa, es posible que alguno de aquellos trabajadores laborales fijos que puedan acceder a la funcionarización estén incursos en irregularidades contractuales nulas de pleno derecho que deban ser revisadas por la Administración».
El mismo sindicato ya había adelantado su convencimiento de que la Administración debe efectuar una revisión de oficio de las plazas, para comprobar si están correctamente cubiertas o no. En caso de que dicho paso no fuese aceptado, el sindicato podría enfilar otras vías.
Mesa negociadora
Es probable que la mesa negociadora del Concello vuelva a ser convocada en la semana entrante, dado que están pendientes de cerrar asuntos relacionados con la plantilla que tienen que ser reflejados en el presupuesto municipal para el actual ejercicio económico. El concejal delegado de la alcaldesa para Personal es Daniel Piñeiro, que en la anterior reunión prefirió aplazar la toma de decisiones porque había algunos aspectos de la cuestión que le planteaban dudas.
Servicios al borde del colapso y decisiones ya inaplazables
En el Ayuntamiento de Lugo la situación en materia de gestión de recursos humanos es tan delicada que, sumada a la inacción de gobierno con respecto a algunos departamentos municipales, puede provocar a corto plazo la práctica paralización de algunos servicios. La carencia de personal en algunas áreas, la desorganización de otras y las consecuencias de las investigaciones judiciales han generado una situación muy difícil.
desorganización
Herencia y aportación propia.
El descontrol en materia de recursos humanos en algunos servicios municipales forma parte de la herencia recibida por la alcaldesa socialista Lara Méndez de su predecesor en el cargo, José López Orozco. Es un hecho. Pero no lo es menos que la inoperancia, la bisoñez y la falta de resolución del equipo dirigido por Lara Méndez solo hizo agravar la situación.
limitación para contratar
Las normas de Rajoy. Hay negociados con tan poco personal que funcionan por pura inercia. Las medidas incluidas en la ley de racionalización de la Administración dejaron a los ayuntamientos bajo mínimos en cuanto a las posibilidades de contratar personal, salvo en servicios como bomberos o policía. Sin embargo, algunos gobiernos locales españoles han empezado a cubrir puestos que precisan en otros departamentos. En Lugo, la alcaldesa Méndez sigue acogida a la cantinela de las limitaciones impuestas por el Gobierno.
problemas al ciudadano
El caso de Augas. Una consecuencia de la falta de recursos humanos suficientes es la lectura extemporánea de los contadores de agua. Debido a ello, el importe de los recibos se disparó y, finalmente, con notable retraso y después de no pocas dificultades, por fin el Concello estuvo en condiciones de devolver a los administrados lo cobrado indebidamente. Mientras, en la antigua potabilizadora hay cuatro operarios sin apenas funciones
subvenciones
Tarde y mal. A estas alturas del año aún hay asociaciones lucenses que reciben las subvenciones correspondientes al año 2014. Es consecuencia de que el servicio de Intervención parece necesitar más recursos humanos para sacar adelante los asuntos pendientes. Por falta de personal en el servicio Electromecánico se amontonan las facturas de las empresas suministradoras de energía eléctrica, dos de las cuales ya cortaron momentáneamente el abastecimiento a dos centros municipales. Y el problema no se ha resuelto, únicamente se le ha puesto un parche mediante un convenio con la Diputación. La concejala Ana Prieto busca la fórmula de resolver definitivamente este problema, pero mal podrá hacerlo hasta que se dote del personal suficiente a los departamentos Electromecánico e Intervención.
municipalización
Decisiones necesarias. Hasta el PP se muestra partidario de la municipalización de servicios prestados por el Ayuntamiento mediante concesiones. Y así lo va imponiendo mediante acuerdos plenarios. Pero aún están pendientes por adoptar muchas y serias decisiones. Por ejemplo, las que afectan a áreas en las que en la actualidad operan empresas sin contrato en vigor con el Ayuntamiento. Los casos más notables son los de las plantas potabilizadora y depuradora, pero a ellos se suman otros muy relevantes. ¿Hasta cuándo puede funcionar un régimen, que ya lleva años en aplicación, de pagos con reparo de legalidad por parte de la intervención municipal? Es una pregunta que se plantea en distintos ámbitos municipales.