El pasado año tiró 19 edificaciones y aumentó las diligencias previas
14 abr 2014 . Actualizado a las 07:10 h.La actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) aumentó el pasado año en la provincia y continúa por la misma línea en lo que levamos de año. Fue el ejercicio con mayor número de casos de derribo en Lugo (19, frente a los seis del 2009) y las diligencias previas a la apertura de un expediente sancionador llegaron a las 218, bien por la denuncia de un particular o por la propia inspección del ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas.
La agencia incoó con carácter prioritario las obras que se encontraban en ejecución y las remisiones de posibles ilegalidades que hicieron los ayuntamientos adheridos. «Unha vez incoado o expediente, o resultado vén determinado polo carácter legalizable ou non da construción. De non ser legalizable, seguindo o establecido na lei, a resolución será a demolición», señalan desde la consellería.
En lo que se refiere a las ejecuciones forzosas, las resoluciones de los expedientes establecen un plazo para proceder a reparar lo ilícito, «transcorrido o cal, a Aplu esixe o cumprimento mediante a imposición de multas coercitivas», explican. Además, la reiteración en la imposición de multas es trimestral con una cuantía que oscila entre los 1.000 euros en la primera sanción y los 10.000 euros. En ocasiones, los propietarios prefieren evitar las multas y deciden realizar las demoliciones voluntarias. En Lugo sucedió el pasado año con un colectivo vecinal en Guntín.
Por otra parte, Aplu anunció que en el primer trimestre de este año intensificó la inspección urbanística en ocho concellos de Lugo: Trabada, O Valadouro, Foz, Ribadeo, Muras, Triacastela, Portomarín y Monterroso. Las realizan funcionarios de subinspección.