Una jueza acepta que un perito supervise los documentos oficiales incautados en la mansión de Trump

La Voz AGENCIAS

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Los ayudantes de la Casa Blanca  llevan cajas de archivos al Air Force One, el 4 de mayo del 2017.
Los ayudantes de la Casa Blanca llevan cajas de archivos al Air Force One, el 4 de mayo del 2017. JONATHAN ERNST | REUTERS

Paraliza así la investigación abierta por Justicia hasta que el supervisor imparcial, aún por designar, realice una revisión del material requisado

06 sep 2022 . Actualizado a las 11:06 h.

Una juez estadounidense aceptó el lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la mansión en Mar-a-Lago (Florida) de Donald Trump, quien afirmó que se necesitan «agallas» para luchar contra un Departamento de Justicia y un FBI «totalmente corruptos». La jueza federal Aileen Cannon ha ordenado así paralizar la revisión o utilización del material incautado en la investigación abierta hasta que el supervisor imparcial, aún por designar, realice una revisión de los documentos.

La petición de un perito independiente había sido solicitada por los abogados defensores de Trump, que el pasado día 1 alegaron que su designación brindaría «confianza» a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Florida.

Los letrados habían reclamado ese special master, como se denomina en inglés al perito independiente, no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado cliente, y por ende separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado por el FBI en la residencia de Trump.

A su vez, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) habían señalado como «innecesaria» la designación de un perito al considerar que dilataría las pesquisas.

En el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca, en enero deL 2021.

La decisión de la jueza estipula que, aunque el Departamento de Justicia no puede seguir utilizando el material incautado en el marco de la investigación, sí puede continuar su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados, algunos relacionados con secretos de gobierno y de inteligencia calificados como top secret.