La escasa superficie forestal de titularidad pública dificulta la prevención del fuego en los dos millones de hectáreas, ya que son los dueños quienes deben acometerlas
29 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Galicia cuenta con dos millones de hectáreas forestales, lo que la convierte en una potencia maderera nacional que tiene en este sector el 3,5 % de su producto interior bruto (PIB). Esa es la ventaja. El inconveniente es que, a más monte, más problemas potenciales de sufrir incendios. Un monte bien gestionado arde menos, de ahí la importancia de las tareas de prevención que se están llevando ahora a cabo antes de la temporada de máximo riesgo. El problema es que es el dueño del terreno el que debe de afrontar la limpieza de sus propiedades y en la comunidad gallega el 97 % del monte está en manos privadas. Un hándicap añadido a la ya de por sí compleja y costosa lucha contra los fuegos forestales.
En plena primavera, con altas temperaturas y escasas lluvias como las que se están registrando este año, las tareas de prevención son básicas para preparar el monte lo más posible para el verano. La Consellería do Medio Rural actúa directamente en los terrenos que son de su propiedad, pero hay otros que dependen de otras administraciones y también de las empresas concesionarias de las líneas de transporte energético, que tienen la obligación de limpiar el suelo por el que pasan los tendidos. En lo que respecta a los propietarios privados, como son por ejemplo las comunidades de montes -que pertenecen a los vecinos de las parroquias-, la Xunta les ayuda en esta tarea concediéndoles ayudas económicas como la que se acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que amplía el presupuesto para acciones silvícolas preventivas hasta los 11,25 millones de euros. En esta cantidad también se incluyen las subvenciones por desastres naturales y para el incremento de la capacidad de adaptación y del valor ambiental de los ecosistemas forestales.
Las dos terceras partes del presupuesto de Medio Rural para el monte se dedican, precisamente, a labores preventivas o de valoración forestal, mientras que a la extinción de incendios propiamente dicha tan solo corresponde el tercio restante. Un dato con el que la consellería considera que contesta a los grupos de la oposición -En Marea, PSdeG-PSOE y BNG-, que consideran que la política antiincendios debe primar la prevención sobre la extinción.
Mantenimiento de pistas
En este amplio apartado en el que se engloba la prevención figuran, desde la instrucción y entrenamiento de los bomberos forestales y agentes medioambientales -entre otros-, hasta la revisión y mantenimiento de casetas, puntos de encuentro y otras infraestructuras como son los puntos de agua de los que se surten los camiones motobomba cuando apagan un fuego. También, evidentemente, la conservación de las pistas forestales, que son un elemento básico y fundamental para agilizar y permitir la llegada del personal antiincendios de tierra.
En lo que respecta a la limpieza de los montes, en ese apartado de la prevención se incluye la realización de todo tipo de trabajos para la gestión de la biomasa. Desde rozas de terreno y podas de árboles hasta quemas de matorral controladas. Son estos trabajos preventivos los que está desarrollando en estos momentos el dispositivo de la Xunta de lucha contra los incendios forestales.
Galicia tiene la peculiaridad legal de que una parte muy importante de su monte es de propiedad vecinal. Este tipo de entidades acostumbran a funcionar bien, pero es un reto al que no tienen que enfrentarse otros gobiernos autonómicos, en los que su porcentaje de montes de propiedad pública es mucho mayor.
El dispositivo antiincendios tiene desplegados a casi 3.000 efectivos y llegarán a 7.000
En los montes de Galicia hay en estos momentos desplegado un dispositivo de lucha contra los incendios forestales compuesto por un total de 2.962 efectivos. De ellos, 2.041 pertenecen a la Xunta, 57 al Estado y los 864 restantes a los concellos. En el despliegue participan técnicos, agentes, bomberos, emisoristas, conductores de motobomba y personal especializado de las brigadas aerotransportadas, las que se desplazan en helicóptero.
Estos casi 3.000 efectivos serán 7.000 cuando comience la temporada de alto riesgo de incendios -ahora mismo está decretado el riesgo medio-, un nivel de alerta que se alcanzará a partir del 15 de julio, aunque Medio Rural pondrá la fecha concreta en función de las condiciones meteorológicas.
Entre los trabajadores que aporta la Xunta hay funcionarios y el personal laboral fijo, así como los fijos discontinuos con contratos de nueve y tres meses. También hay empleados de la empresa pública Seaga y de los medios aéreos.