La Fiscalía de Ourense archiva la primera denuncia que una mujer presentó contra Baltar en octubre
OURENSE CIUDAD
No ve pruebas que vinculen una relación sexual con una oferta de trabajo
03 dic 2015 . Actualizado a las 02:06 h.«No es función del Ministerio Fiscal ser guardián de moralidad alguna, ni de la denunciante ni del denunciado ni de la sociedad». La reflexión la hace el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en el decreto de archivo de la denuncia que una mujer presentó a mediados de octubre, para solicitar que valorara el proceder de José Manuel Baltar, el presidente de la Diputación de Ourense, a quien atribuye haberle ofrecido un puesto de trabajo a cambio de sexo. El fiscal, más allá de la genérica reflexión a la moralidad, no aprecia indicios de delito, «que, por otra parte, podría atribuirse en análogas consideraciones a la propia denunciante que se creó una expectativa de obtener, sin más consideración, un puesto fijo en la Diputación de Ourense que finalmente no se cumplió».
El fiscal, después de escuchar las grabaciones y ver mensajes telefónicos de José Manuel Baltar a la denunciante, no advierte «expresión o manifestación medianamente clara sobre la vinculación de la relación sexual con la promesa de trabajo». Tampoco aprecia «indicio alguno sobre el supuesto ?trato? que vinculara la presunta relación sexual con la concesión de un puesto de trabajo». Sí se deduce que el día 15 de marzo del 2010 «quedaron en un hotel de la ciudad» y fue «sin violencia ni intimidación». Dando por buena la versión de la mujer, pues el fiscal no llegó a contrastarla con el denunciado, «se puede concluir que la relación sexual fue consentida». La mujer «tenía como esperanza, en los años anteriores y posteriores, el obtener un puesto de trabajo fijo en la Diputación por la mera intervención de alguno de los presidentes que rigieron la Diputación».
El fiscal cree que «no existe una prueba mínima de una promesa eficiente y seria de que a la denunciante se le diese una plaza fija en la Diputación saltándose las normas de selección legales, sin que meras manifestaciones de auxilio enmarcadas en el ámbito de una relación personal más o menos cercana, aunque sea por la pertenencia al mismo partido, puedan constituir un delito de cohecho.
No deja de hacer notar el fiscal que la supuesta relación sexual se produjo en un momento en el que Baltar Blanco no era presidente de la Diputación Provincial de Ourense.
Detalla el fiscal, por otra parte, cómo la denunciante se afilió al PP en el año 2003 y desde entonces hasta el 2009 trabajó «prácticamente de manera ininterrumpida» en la Diputación en contratos semestrales encadenados. «La denunciante no ha determinado si su afiliación al PP fue anterior o posterior al inicio de la relación laboral con la Diputación», según apostilla el representante del ministerio público.
Del 2009 al 2012 trabajó para el PP «pero sin relación contractual laboral alguna», siendo incluso interventora de este partido, del que pidió la baja en el año 2012.
«Un compromiso mayor»
El decreto de archivo de esa primera denuncia ante la fiscalía, anterior a la que esta misma semana formalizó directamente en el juzgado de guardia, recoge cómo la mujer afirma haberse presentado dos o tres veces para obtener plaza fija en la Diputación. En el 2007, el anterior presidente, José Luis Baltar, inhabilitado por una sentencia firme en relación con contrataciones irregulares en la institución provincial, le ofrecería una plaza, pero no se consumó «porque tenía otro compromiso mayor». Sobre esta imputación, el fiscal también dice ahora que «la denunciante no da prueba o indicio alguno» de lo que dice.
Al juzgado de guardia 2 días antes de conocer la valoración del fiscal
El decreto de Florentino Delgado tiene fecha del reciente 25 de noviembre. La interesada lo recibió ayer por correo. El lunes, cuando formalizó su segunda denuncia en el juzgado de guardia, desconocía la existencia o contenido del decreto. Fue la sensación de que el fiscal no la había creído, como expone en su último escrito, lo que la empujó a ir al juzgado. Con unas diligencias judiciales abiertas, la investigación de la fiscalía tenía los días contados, pues queda condicionada al procedimiento judicial ordinario. Ahora es más probable que el juez escuche a las dos partes.