Condenado a clases de sexualidad un menor por violar a la niña que compró

xosé Carreira LUGO / LA VOZ

GALICIA

El implicado es un joven de 17 años cuya familia adquirió a la preadolescente de tan solo 11 por 2.500 euros para casarlos en Lugo

11 ene 2015 . Actualizado a las 17:41 h.

El menor que obligó a tener relaciones sexuales y pegó en Lugo a una niña de 11 años, vendida por su familia por 2.500 euros para que fuese la esposa del agresor, deberá recibir clases de educación sexual básica como condena por su actuación. Así lo establece en una sentencia la titular del Juzgado de Menores lucense quien considera que el muchacho, que ahora tiene 17 años, es autor de un delito de abuso sexual y otro de maltrato de obra. La pareja mantenía una relación de afectividad con convivencia análoga a la matrimonial. Aunque las familias supuestamente llegaron a efectuar la transacción de compra-venta, el matrimonio no llegó a producirse oficialmente. Los protagonistas del hecho no son de nacionalidad española.

Después de la venta, la menor fue conducida desde Andalucía (donde residía con su madre) a Lugo donde estaba el novio. La sentencia explica que, desde marzo hasta finales de junio del año 2014, la muchacha fue obligada a mantener relaciones sexuales. Para ello, el acusado la sujetó por el pelo y los brazos y en algún momento le llegó a tapar la boca para que no gritase. Todo apunta a que la relación resultaba totalmente insostenible para ella por lo que en una ocasión planteó a su pareja que se marcharía de nuevo para ir con su madre. Él reaccionó cogiéndola por la cabeza y golpeándola contra una pared.

Internamiento terapéutico

La jueza impuso al muchacho una condena consistente en internamiento terapéutico, en régimen semiabierto, durante un año. Nueve meses serán de internamiento propiamente dicho y los tres restantes de libertad vigilada. Durante este tiempo no podrá aproximarse a la menor a menos de cien metros, ni comunicarse con ella por cualquier medio. La magistrada advierte de que no podrá acudir al centro educativo al que vaya ella.

Explica la jueza que el objetivo fundamental es que no cometa en lo sucesivo ni faltas ni delitos y asuma las consecuencias de lo que hizo y también «reflexione sobre lo intolerable de los delitos por los que ha sido enjuiciado y sobre las consecuencias que ha tenido para la menor, haciendo hincapié muy especialmente en respetar la libertad de decisión de la otra persona, desarrollar la igualdad de trato entre hombres y mujeres».

En la sentencia también se indica que el condenado ha de incidir «en la capacidad de reflexionar antes de actuar y el autocontrol, el respeto a los demás y la empatía; la resolución práctica de conflictos y el aprender a relacionarse no usando la violencia».

La magistrada establece que el menor deberá recibir durante el tiempo de internamiento «una educación sexual básica y acerca de cómo relacionarse con el sexo femenino en general y en las relaciones de pareja en particular». Plantea la ponente que también «ha de procurar la ayuda terapéutica que precise, también durante la fase de libertad vigilada, en cada momento y una adecuada formación integral con especial hincapié en el ámbito de la educación sexual y las relaciones de pareja, en particular, y con el sexo femenino, en general».

Relación normal

El menor negó cualquier agresión y explicó que mantuvo relaciones sexuales con la menor, pero siempre consentidas. La defensa recordó que no había elementos externos de los golpes y que el testimonio de ella no tenía consistencia.

El fiscal recordó que la menor mantuvo siempre la misma versión, tanto en el juzgado como en la policía y destacó que fue obligada por el acusado que empleó la fuerza a pesar de la oposición de ella. También expresó que no podía aplicarse una atenuante por la ignorancia de las leyes españolas que alegó a lo largo del proceso judicial y en este sentido recordó que estas castigan las relaciones sexuales con personas que son menores de trece años.

La sentencia dice que «ha de procurar formación sobre el sexo femenino»

El menor negó que hubiese violencia y alegó desconocer las leyes españolas