Pocas veces el Gobierno gallego y los partidos de la oposición coinciden plenamente en un asunto, pero el caso de la ropa falsificada que se decomisada en Vigo es uno de ellos. Tanto la Xunta, por el PSdeG, AGE y el BNG rechazaron al unísono la posibilidad de que dichas prendas se puedan destruir para evitar que vuelvan a entrar en circuito comercial, y reclamaron que se distribuya entre quien la necesite realmente.
Por parte del Gobierno autonómico, Amparo González, directora xeral de Familia e Inclusión, manifestó que «non parece razoable» no destinar las incautaciones de ropa a entidades que trabajan con las personas más vulnerables. Dijo entender que exista algún mecanismo de «neutralización» del logotipo de la marca para «evitar posibles usos ilícitos», pero insistió en que no se pueden tirar o destruir las prendas que la gente necesita.
La «usura» de las marcas
En lo mismo incidió Carmen Gallego, portavoz de política social del PSdeG: «Nun momento como o actual, no que temos tantas persoas en pobreza severa, toda a axuda que veña ten que ir para as persoas con dificultades». En lo mismo incidió Eva Solla (AGE), quien apoyó expresamente la decisión de la fiscalía de tomar medidas para evitar que se pueda destruir la ropa de los decomisos. «Esto revela a usura desas grandes empresas e do sistema capitalista».
Desde el BNG, Carme Adán se mostró en contra de las falsificaciones, pero dijo que «o normal é que non se queime a roupa, porque a xente dos bancos de alimentos é responsable para asegurar que chegue realmente a quen máis a necesita».