Aún cuando se coincida en que la administración de Justicia en nuestro país está necesitada de reformas, y en ello hayan concordado los distintos gobiernos, es cierto que ninguno de ellos ha destinado el presupuesto ni los medios necesarios para ello. Resulta curioso, pues, que los responsables políticos, siendo conscientes del problema, hayan acometido, exclusivamente, cambios parciales, sin abordar seriamente y con eficacia la reforma. La última de las soluciones apuntadas en esa dirección, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lejos de venir a resolver el problema secular, lo agrava. Y ello por las siguientes razones: La vigente Ley de Tasas, desde su entrada en vigor, ha venido produciendo una clara restricción al derecho de acceso de los ciudadanos a la Justicia, de suerte tal que muchas decisiones judiciales erróneas o infundadas quedan definitivamente firmes por un problema económico. Pues bien, esa clara restricción se va a ver agravada ahora al implantar el modelo de los Tribunales Provinciales de Instancia, que centralizarán, en cada una de las capitales de provincia de nuestra nación, toda la actividad judicial. Tal medida legislativa, que no va acompañada de una memoria económica detallada de lo que ello va a suponer para el erario público, va a suponer, además de un alejamiento de la Justicia respecto a los ciudadanos, un grave perjuicio para aquellas localidades donde radican, actualmente, los partidos judiciales, y todo ello cuando desde distintos ámbitos políticos se predica un reforzamiento de la vuelta al ámbito rural.
Resulta, pues, que en una situación económica y social como la actual, lejos de mantener y potenciar los servicios existentes en las localidades referidas, se va a producir un desmantelamiento efectivo de las inversiones realizadas en los distintos edificios judiciales, al que se añade un alejamiento de la Justicia respecto a los ciudadanos, todo ello con el incremento de gastos que conllevará para quien, en defensa de sus derechos, pretenda hacer uso de dichos servicios. Una reforma tan radical como la referida, que va a suponer una alteración de la organización judicial actual, se va a llevar a efecto sin un previo consenso entre todos los operadores jurídicos y sin calibrar los efectos.
Félix Mondelo es Decano del Colegio de Abogados de Lugo.