Cifra en 500 millones de euros el sobrecoste por la dispersión y el envejecimiento
23 may 2014 . Actualizado a las 14:49 h.El progresivo envejecimiento de la población y la dispersión geográfica han provocado que la comunidad gallega gaste en sanidad al año 500 millones de euros más que la media de las autonomías. Una cifra que equivale al 6 % del presupuesto autonómico. Y que ayer presentó la conselleira Elena Muñoz para defender que el actual modelo de financiación autonómica, pactado en el 2009 con Zapatero en el Gobierno, no recoge los factores diferenciales y, en consecuencia, pone en serio peligro la sostenibilidad de los servicios sociales básicos.
La titular de Facenda aprovechó ayer su intervención en una jornada sobre financiación autonómica -organizada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y dirigida por los profesores Santiago Lago y Jorge Martínez- para avivar el debate. Es la primera vez que la Xunta pone cifras a este sobrecoste. Y que coloca encima de la mesa un mensaje de alarma de esta envergadura. «O diferencial de custos que entraña en Galicia a prestación de servizos públicos fundamentais non está correctamente reflectido, e pon en serio perigo a sostenibilidade das súas prestacións básicas», dijo literalmente la conselleira.
El trasfondo económico del conflicto político territorial desatado en Cataluña y la escasez de recursos en tiempos de crisis han encendido las luces rojas en todas las autonomías. Y amenaza con endurecer el complejo debate sobre el reparto de la financiación autonómica. Galicia jugó ayer una nueva baza, con cifras encima de la mesa. Y Elena Muñoz insiste en el mensaje que defenderá la Xunta: una oposición frontal a los trajes a medida que pueda reclamar un territorio, propuesta que suele estar amparada en las llamadas balanzas fiscales. Esa es, en gran medida, la tesis que defiende Cataluña para justificar un supuesto maltrato económico por parte del Gobierno español. Pero comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Extremadura o Madrid, también han hecho públicas sus balanzas.
En línea con la estrategia defendida por la Xunta en la historia autonómica, dada su riqueza y su peso poblacional, Galicia sostiene que los impuestos los pagan los contribuyentes y no los territorios. En consecuencia, cualquier ciudadano, con independencia de dónde viva, tiene derecho a recibir los mismos servicios de calidad.
Según Facenda, este objetivo está en serio peligro si se mantiene el actual modelo, donde el criterio que más pesa en el reparto es el volumen de población de cada territorio. De ahí que Galicia defienda que dos variables como la dispersión poblacional y el envejecimiento reciban una mayor ponderación en el diseño.
Este argumento, compartido por otras comunidades, es el que permitió que el pasado mes de marzo, en Zaragoza, un grupo de comunidades escenificara un frente común. Allí estaban Asturias, Galicia, Aragón, Extremadura, La Rioja y Castilla León. Todas, con un mensaje claro a Montoro. El nuevo modelo tiene que ser acordado por todas las comunidades y no a la medida de algunas.
El umbral de los 65 años
En el transcurso de su intervención, para avalar su tesis, la responsable del departamento autonómico de Facenda recordó que, en la actualidad, el 23, 1 % de los gallegos superan los 65 años de edad, lo que supone ya un punto más de la proyección que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho para el conjunto de España en el 2023, es decir, dentro de casi diez años. La Xunta también sostiene que un facultativo de atención primaria en la comunidad gallega presta servicio por término medio en más de 15 entidades singulares, mientras que en la media del resto de comunidades se sitúa en dos.
Galicia, además, cuenta con el 8 % de todos los centros escolares del Estado, dos puntos por encima del porcentaje que representa en el total el alumnado. A ello se suma que el coste del transporte escolar en la comunidad es casi cuatro veces superior que la media del Estado y alcanza en algunos casos un gasto de 4.277 euros por alumno, según la conselleira.