La deuda por no abonar el canon bajó de 24 a 11 millones desde el 2010
14 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Las discrepancias políticas entre la Xunta y los concellos por la subida del 34 % en el canon de Sogama han prologado un conflicto que en las próximas semanas puede llegar a los juzgados. El Gobierno de Feijoo ya ha advertido que utilizará todos los medios legales a su alcance para que los 296 concellos adheridos al sistema paguen la tarifa estipulada en la Lei de Orzamentos. Los alcaldes críticos con el tasazo están recabando informes jurídicos para llevar adelante su plan de ejercer la insumisión contra una subida que encarece el canon en 20,6 euros por tonelada. En esta tesitura, el propio presidente de Sogama asegura que acudirán a la Justicia. Pero no sería la primera vez. Desde el 2010, la sociedad ambiental planteó 51 contenciosos por impagos contra 38 concellos y mancomunidades, a los que reclama 15 millones.
La mayor parte de esos procedimientos iniciados por Sogama en los últimos cuatro años se concentraron en el 2010 y el 2012, cuando interpuso 30 contenciosos. Con esas actuaciones judiciales, reclamó 8,46 millones de euros en facturas que no pagaron 25 concellos y mancomunidades. Esa litigiosidad descendió durante el año pasado, en el que solo se tramitaron 8 procedimientos por impagos de 2,86 millones. Y esa tendencia se mantiene. En el primer trimestre de este año, Sogama presentó tres recursos contenciosos contra un ayuntamiento al que requiere el pago de una deuda por importe de 220.000 euros.
Esa menor actividad en los juzgados coincide con una reducción significativa de la deuda que ayuntamientos y mancomunidades de municipios arrastran con la sociedad ambiental en la que Gas Natural Fenosa controla el 49 % del accionariado. En el 2010, los impagos del canon por la recogida y el tratamiento de los residuos urbanos ascendían a 24 millones de euros. En la actualidad, el importe de ese adeudo representa menos de la mitad que hace cuatro años y suma 10,94 millones. El descenso es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que la Xunta cifraba su importe el año pasado en 17,3 millones.
El conflicto de Pontevedra
La mayor parte de la deuda actual corresponde al Concello de Pontevedra, al que Sogama reclama 4,62 millones. El grupo de gobierno que preside Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) lleva desde el 2008 practicando una insumisión parecida a la que ahora anuncian los alcaldes de los 97 ayuntamientos en los que no gobierna el PP, Pontevedra entre ellos. En concreto, el Concello se acoge a una cláusula del contrato que liga el canon al coste de la energía, de forma que solo paga una parte de la tasa. Tras cinco años de batalla judicial, en las que las dos partes tuvieron sentencias favorables, el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) falló en octubre pasado a favor de Sogama. Pero el Concello de Pontevedra recurrió al Tribunal Constitucional.
Ahora, la insumisión al tasazo puede agrandar ese agujero. Si Pontevedra no paga esos 20,6 euros adicionales por tonelada, su deuda crecerá en 651.000 euros al año. En el caso de Carballo, el impago sumaría 200.000 euros anuales; en Poio, 150.000; en Monforte, 144.000; y en Bueu, 119.000. Solo la insumisión de los 22 concellos en los que gobierna el Bloque y que están adheridos a Sogama supondría 1,86 millones al año.
Además de la advertencia sobre la posibilidad de presentar nuevos contenciosos, que los alcaldes críticos ven como una amenaza, el Ejecutivo de Feijoo ya alertó en la Lei de Orzamentos de la opción de tomar otra medida para penalizar a los concellos que no paguen. Se trata de acudir a la potestad legal de detraer la parte del canon de Sogama que no abonen de la partida que corresponde al municipio insumiso en el Fondo de Cooperación Local, dotado con 113 millones de euros.
A diferencia de lo que ocurre con las actuaciones judiciales, la Xunta nunca ha recurrido hasta ahora a esa medida. Ni siquiera para tratar de presionar a los ayuntamientos y mancomunidades que mantienen esa deuda.