El ministerio público asegura que permitió un fraude a la Diputación
24 mar 2014 . Actualizado a las 12:40 h.El que durante 24 años fue presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, consintió entre el 2001 y el 2006 «groseras ilegalidades» desde el punto de vista administrativo para, supuestamente, adjudicar la redacción de proyectos de obras a una empresa, en vez de hacerlos en el servicio provincial de Vías y Obras. Así lo expresa el fiscal en el escrito de acusación de una descafeinada operación Muralla a la que pronto la Audiencia Provincial pondrá fecha para la celebración del juicio.
El ministerio público dice que Francisco Cacharro, por su formación, debía tener el conocimiento «inexcusable» de los trámites de adjudicaciones que fueron efectuadas con supuestas irregularidades como, por ejemplo, que ni tan siquiera llegó a constituirse la mesa de contratación. La situación fue puesta al descubierto hace ya casi ocho años cuando el entonces fiscal jefe Jesús Izaguirre entró en la Diputación se llevó expedientes y, a posteriori, detuvo a una decena de personas, de las cuales solo fueron acusadas tres.
El fiscal asegura que Cacharro permitió un fraude a la institución provincial y «lesionó el derecho de los ciudadanos y empresarios a concurrir libremente y en igualdad de condiciones a la contratación pública». Le imputa dos delitos y pide que le impongan diez años de inhabilitación por prevaricación; tres años de prisión y otros diez más de inhabilitación por fraude a la Administración y, en caso de que el tribunal no lo considere autor del anterior, plantea que abone una multa de 108.000 euros y cuatro años de inhabilitación, por negociaciones prohibidas a funcionarios.
Entre los acusados están José Manuel Romay, exjefe de Vías y Obras de la Diputación, y José Enrique Cacicedo, ingeniero vinculado a la empresa que conseguía los contratos. El fiscal pide para ellos las mismas penas que para Cacharro.
Una buena parte de la operación Muralla gira en torno a la empresa Senén Prieto Ingeniería, a la que la Diputación efectuó 102 adjudicaciones entre los años 2001 y 2006, según el fiscal. Cacharro, sin embargo, lo niega y como mucho reconoce dos proyectos, pero elude su responsabilidad porque, dice, eran cuestión de los técnicos.
La sociedad la constituyó Senén Prieto, que fuera ingeniero jefe de la Diputación, actualmente fallecido, y José Romay López. Posteriormente transmitieron participaciones sociales al otro imputado.
El fiscal asegura que Romay ideó la sociedad para beneficiarse de la externalización de los trabajos de ingeniería de redacción de proyectos y dirección de obras de la Diputación, «en connivencia con el presidente Francisco Cacharro, que era perfecto sabedor de las relaciones entre Romay y Senén Prieto S.?L.».
Para que el plan fuese redondo, el jefe de Vías y Obras, meses antes de constituir la empresa, hizo un informe y lo dirigió al presidente diciendo que su servicio no tenía medios para ejecutar los trabajos de redacción. A posteriori, empezó el supuesto desvío de los proyectos. El ingeniero, Cacicedo, que trabajaba para Senén Prieto S.?L., figura como adjudicatario de un centenar de contratos.
Para burlar la legislación, dice el fiscal, Romay transmitió sus participaciones en la empresa a su esposa, pero la dirección real de la empresa quedó en manos de los dos acusados.