Alas doce de la noche del pasado domingo la AP-9 debería haberse convertido en una carretera libre de peaje. Así lo determinó el Gobierno central tras una prolongación de 19 meses hecha en 1978 sobre el calendario de la concesión aprobado en 1973. Pero a los 39 años de explotación inicialmente previstos se agregaron once más en 1994 y otros 25 en el año 2000 a cambio de prolongaciones del trazado que estirarán el peaje hasta agosto del 2048.
A los cambios de horizonte de negocio de la AP-9 se han ido sucediendo también modificaciones en su estructura empresarial, pasando de manos privadas al sector público con ENA en 1984, para volverse a privatizar en el 2003. Un fondo de pensiones tejano es en la actualidad el dueño último y mayoritario de la concesionaria de la autopista gallega, cuyo capital social es propiedad de Ena Infraestructuras, a su vez en manos de ENA Itínere, que pertenece por su parte a Itínere Infraestructuras. La sociedad a su vez es propiedad de un grupo de firmas controlada por la marca Arecibo, compañía dirigida por el grupo norteamericano Citi Infraestructure junto a la caja vasca BBK a través de la sociedad PEAR, que cuenta con un 54,19 % del capital social de Itínere.
El entramado empresarial advierte en sus cuentas que «previsiblemente en el cuarto trimestre de este ejercicio» se endeudará en 300 millones de euros para llevar a cabo las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de la autopista a su paso por Santiago.