Investiga si cometió tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental
25 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Continúa el rosario de imputaciones en el gobierno municipal de Santiago. Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha llamado a declarar al concejal de Deportes, Adrián Varela (PP), el próximo 17 de junio en el marco de la operación Pokémon, contra la corrupción. La magistrada trata de determinar si el edil, nacido en Santiago en 1984, ha cometido o no tres delitos: tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Se trata del quinto miembro del ejecutivo local salpicado por la Pokémon en el mandato 2011-2015, si bien dos de ellos ya han dimitido. Un sexto, todavía en activo, se encuentra inmerso en otra causa. Dicho de otro modo, casi un tercio del actual gobierno (13 escaños, frente a 9 del PSOE y 3 del BNG) tiene asuntos pendientes en los tribunales.
Ayer, además, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera se personaron en la casa consistorial para, orden en mano, requisar documentación. Según fuentes municipales, se incautaron de expedientes relacionados con el área de actuación de Adrián Varela.
El joven, que en privado defiende con ahínco tanto su inocencia como la «desproporción» de esta actuación judicial, declinó ayer, amablemente, realizar declaraciones a La Voz. «Voy a dejar pasar unas horas antes de hablar», adujo. Según su entorno, Varela está «destrozado» y asegura desconocer qué hechos se le atribuyen, algo que, apelando al secreto de sumario, tampoco aclaran los responsables de la investigación.
Según fuentes no oficiales, la jueza podría estar centrando sus pesquisas en patrocinios de compañías privadas a clubes deportivos de Santiago gestionados por el concejal. El departamento de este último ha tenido relaciones directas con el grupo Vendex, a través de Sermasa, e indirectas con Aquagest, dos de las empresas en el punto de mira de la magistrada de Lugo.
La cúpula del Partido Popular de Galicia tiró de manual para valorar la situación: hay que dejar a la Justicia actuar libremente, el señalado tiene derecho a que se le presuma la inocencia, procede aguardar a su comparecencia ante los tribunales, imputación no equivale a procesamiento ni mucho menos a condena y las medidas disciplinarias, en su caso, se adoptarán en función de cómo vaya evolucionando la investigación. Si el día 17 la jueza impone a Varela medidas cautelares (una fianza, por ejemplo), deberá dimitir o será expulsado de la formación.
En términos similares se expresó el gobierno municipal. Por boca de su segunda teniente de alcalde, Amelia González, defendió que «la figura de imputado no implica culpabilidad». Se trata de «ir a declarar ante un juez acompañado de abogado».
La disolución
En cambio, el líder de los socialistas en el Concello, Francisco Reyes, no solicitó explícitamente la dimisión del alcalde, Ángel Currás, como máximo responsable del fiasco, pero sí reclamó que cediese su puesto a algún otro miembro de la lista del PP «que sexa quen de tirar para adiante con esta cidade». El portavoz ocasional del BNG, Rafael Vilar, no se quedó ahí, sino que exigió directamente la disolución de la corporación compostelana y la convocatoria de elecciones anticipadas.