¿Quién quiso más a Josefina?

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA

Josefina Quintena junto a su sobrina procesada y el padre de los denunciantes
Josefina Quintena junto a su sobrina procesada y el padre de los denunciantes

El caso de la indigente millonaria quedó visto para sentencia con una familia enfrentada por la suculenta herencia, cercana a los 6 millones

12 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Aquí se trata de averiguar si la sobrina coruñesa de Josefina Quintela la cuidó hasta sus últimos días no por cariño, sino por avaricia, aprovechándose de su demencia para vaciarle sus jugosas cuentas bancarias; o, por el contrario, se desvivió por ella, mimándola y administrándole sus bienes con cabeza, porque la quería y porque nadie más en la familia le tendió la mano. Si la titular de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se inclina por lo primero, esa sobrina será condenada por estafa y podría ir incluso seis años a prisión, amén de devolver al resto de la familia el millón y medio de euros que se supone que retiró de los bancos. Pero si la jueza confía en esta mujer, como ya lo hicieron los magistrados de lo civil, dejará en muy mal lugar a los parientes de Santiago, que fueron los que denunciaron, acusando a su prima de enriquecerse a costa de una anciana enferma y demente. Ellos se negaron a ocuparse de la adinerada mujer el día que los llamaron informándoles de que la policía la había rescatado de la calle completamente desorientada. ¿Esperaban su muerte para heredar la suculenta suma de 6 millones de euros y les molestó que su prima se les adelantase? Eso es lo que piensa la defensa, pues no comprende tanto apego por los bienes de una señora a la que ni visitaban ni la señora permitía que la visitaran. La magistrada decidirá una vez que ayer quedase visto para sentencia un juicio que comenzó el mes pasado y en el que se escuchó a decenas de testigos y peritos que contaron de todo. Algunos a favor de la procesada y otros en contra.

Vivía con okupas

Josefina Quintela fue una mujer que siempre quiso ir a su aire. Fue maestra y soltera. Jamás quiso vivir con nadie, pero terminó compartiendo su casa con indigentes y okupas. El apelativo de «rara» se escuchó muchas veces en la sala. Cómo se le llama sino a una mujer que pudiera tener una fortuna de al menos seis millones de euros y vivía en una casa que compartía con okupas y sin electricidad.

Si la procesada llegó a su vida no fue por decisión propia. Fue porque la llamaron de Servicios Sociales para pedirle que la cuidara. Ocurrió en septiembre del 2002, dos años antes de su muerte. En aquellas fechas, dos agentes de la Policía Local coruñesa la llevaron a dependencias del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) después de que los vecinos alertasen a Servicios Sociales de cómo vivía una mujer de 91 años, durmiendo en portales, vagando sin rumbo por las calles de madrugada y cogiendo comida de los contenedores. La médica, tras hablar con ella, determinó que no estaba para su ingreso en un psiquiátrico, pero sí que necesitaba asistencia social inmediata, que alguien se ocupara de ella. En eso, el fiscal emprendió todo el protocolo de incapacitación, presentando la demanda en enero del 2003. Se buscó a familiares. Se preguntó primero a un sobrino que vive en Santiago -el denunciante- y alegó que le era imposible ocuparse de ella. Finalmente fue nombrada defensora judicial su sobrina, hoy procesada. Se hizo cargo de ella el 30 de septiembre del 2003. 24 días después, la acusada, según la acusación y los otros 4 sobrinos de la anciana, convenció a Josefina de que la incluyese como autorizada en las cuentas bancarias. Para ello se presentó en un notario y logró el poder para administrar todos sus bienes. Ese notario recordó el pasado jueves en el juicio que si autorizó los poderes fue porque la anciana se encontraba perfectamente, leyó los documentos y los firmó después de advertirle que su sobrina, a partir de ahí, podría hacer y deshacer a su antojo con su patrimonio.

La familia denunciante no lo entiende y así lo hicieron ver ayer sus abogados, que ejercen la acusación particular. Echaron mano de las declaraciones de los peritos psiquiatras que dijeron que la mujer no estaba en sus cabales, que padecía una demencia severa que la incapacitaba para administrar sus bienes y, más aún, para otorgar un poder a su sobrina. También recordaron las constantes retiradas de dinero de las cuentas de su tía por parte de la procesada. Un día dos mil, al siguiente tres mil y así hasta millón y medio. Por no decir que el mismo día de su muerte la acusada vendió un piso de la moribunda.