Salvo una oposición anulada, sus contratos nunca llegaron al juzgado
06 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La denuncia del PSOE que dio origen a la querella de la Fiscalía contra el expresidente de la Diputación ourensana José Luis Baltar Baltar iba acompañada de un listado de personas vinculadas al PP que trabajaban en la institución cuando, en enero del 2010, se celebró el congreso provincial del PP que ganó su hijo, José Manuel. Más de 300 personas entre cargos retirados o en activo del PP y familiares de estos figuran en ese documento, aunque se calcula que en sus dos decenios como presidente podría haber dado empleo a muchas más. Por ejemplo, en las municipales del 2007 trabajaban en la Diputación 76 miembros de candidaturas populares. Pese a todo, las contrataciones se hicieron siempre con aparente legalidad y, de hecho, nunca habían sido cuestionadas judicialmente.
La única salvedad data del año 1996. En aquel momento, una sentencia obligó a repetir unas oposiciones que habían superado, precisamente, cuatro parientes de cargos destacados del PP. José Luis Baltar presidía el tribunal que seleccionó a los aprobados, entre los que figuraban Francisco Cacharro, hijo del entonces presidente de la Diputación de Lugo, y José Luis Suárez, hijo del todavía alcalde de Monterrei.
Ambos acabaron consiguiendo una plaza en la institución provincial ourensana y ahora el primero es el secretario de la entidad, y el segundo, jefe de recursos humanos. Además, tras el cambio legislativo que prohibió a los cargos políticos pertenecer a los tribunales de las oposiciones, Suárez es quien los preside, y Cacharro quien actúa como secretario de los mismos.
Sus vinculaciones familiares con la política no han pasado desapercibidas para PSOE y BNG, que desde hace años las aprovechan para poner en duda el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. De hecho, Ignacio Gómez, portavoz del PSOE en la Diputación, dijo este viernes que estudiarán pedir responsabilidades a los funcionarios que de alguna manera pudieron tomar parte en las contrataciones puestas en cuestión por la Fiscalía. «Detrás da conduta irregular dun político sempre hai alguén que a sustenta», advirtió Gómez.
«Modus operandi»
Hubiera o no irregularidades, el caso es que el sistema funcionó a pleno rendimiento durante años. Mientras, José Luis Baltar se perpetuó en el cargo gracias a una importante red de leales apoyos. Se los ganó gracias a su trabajo -en la institución no se movía un papel sin su consentimiento- y a su hiperactividad. Era capaz de asistir a seis mítines en un día, siempre acudía adonde se le llamaba y daba el pésame en todos los entierros y funerales que podía.
Sin embargo, la oposición siempre ha denunciado que el respaldo a Baltar no solo se cimentó en la cercanía. Dicen quienes lo critican, y también quienes lo defienden, que el expresidente siempre tenía la puerta de su despacho abierta y que, con un feito, garantizaba empleo a quien se lo pidiera. Socialistas y nacionalistas aseguran que las relaciones familiares con cargos del PP facilitaban las cosas, pero admiten que en los buenos tiempos ni siquiera eso era necesario. Así, dicen, ganaba apoyos y lealtades de gran utilidad política.
El congreso del 2010
En cualquier caso, el período que analiza la querella de la Fiscalía es de las semanas previas y posteriores al congreso provincial del PP, celebrado el 30 de enero del 2010. En esa época se intensificó la actividad contratadora de la Diputación. Según la oposición, fue para ganar apoyos para la candidatura de su hijo a la sucesión al frente del partido. Baltar contrató en esos días a 56 personas vinculadas al PP, 29 de ellas compromisarias que votaron en el cónclave. El hecho es que la Diputación gastó 6,7 millones de euros más de lo que había presupuestado inicialmente para el año 2009 en el capítulo de personal.
La institución ourensana tiene ahora graves problemas económicos. De hecho, ha sido la primera Administración gallega en tramitar un ERE.