La jueza investiga si desde la comisaría de Lugo se intentó torpedear la Carioca
GALICIA
Pilar de Lara llamó a declarar a varios agentes para saber si hubo acoso o amenazas por parte de mandos policiales
12 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La jueza lucense Pilar de Lara inició unas diligencias para determinar si desde la comisaría de Lugo se produjo algún tipo de amenazas o acoso a agentes de la misma para tratar de torpedear la operación Carioca. Incluso esa investigación trata de determinar si pudo haber sido cometido por parte de algún alto funcionario un delito de obstrucción a la justicia.
Como consecuencia de la apertura de esta nueva investigación, al margen de la relacionada con la trama de la operación que desmanteló varios burdeles y supuso la imputación de miembros y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por una supuesta vinculación con algunos proxenetas, la magistrada citó a declarar a varios agentes en calidad de testigos. Esa citación fue para la mañana del lunes, pero algunos no comparecieron y la declaración se pospuso.
Lo que trata de determinar la jueza, entre otras cuestiones, es si en las reuniones trimestrales de mandos de la comisaría, celebradas a lo largo del 2010, en plena investigación de la Carioca y cuando ya había posibilidades de que las imputaciones por este caso afectaran a funcionarios policiales, alguno de los asistentes hizo advertencias relativas a que los teléfonos estaban pinchados y que se deberían preparar los servicios jurídicos de los policías para posteriores acciones legales.
En algún momento un agente puso en conocimiento de la instructora que el ex jefe provincial de la comisaría le dijo que avisara al servicio jurídico de su sindicato para tratar de hacer frente a lo que se avecinaba. En esa presunta conversación, el mando supuestamente establecería las líneas a seguir, como, por ejemplo, plantearse qué beneficio sacaban las prostitutas por declarar y también abordaría la dudosa legalidad de la manera de seleccionar a los investigadores por parte de la jueza.
La investigación también aborda cuestiones relacionadas con las presuntas presiones sufridas por parte del secretario provincial de la Confederación Española de Policía, la organización que ahora ejerce de acusación popular en este caso. Lo hace, según explicaron ayer fuentes de la agrupación, «para tratar de que se juzgue a quien pone trabas al trabajo de quien tiene la misión de llevar a cabo una investigación con profesionalidad».