Una familia de Narón al borde del desahucio por no pagar 75 euros

Xosé Vázquez Gago
Xosé V. Gago FERROL / LA VOZ

GALICIA

CÉSAR TOIMIL

Su abogado admite el impago y pide al juez que permita satisfacer la deuda

10 sep 2012 . Actualizado a las 14:53 h.

Arturo Eugenio García Díaz vive en una casa del lugar de Vidueiros, en Narón, con su mujer Azucena, que tiene problemas de salud, sus dos hijas de 15 y 8 años y su hijo de 4. Arturo es pensionista y toda su familia vive de ese sueldo, con el que pagan el alquiler de la vivienda.

En febrero, el propietario de la casa presentó una demanda contra él por impago del alquiler y reclamación de rentas. Arturo subraya, convencido, que pagó esas deudas y que «nunca» ha dejado de pagar el alquiler de las casas en las que ha vivido.

Atribuye la denuncia a su mala relación personal con el propietario y, especialmente, con el administrador de sus propiedades, pero sea como sea, el 31 de mayo el juez falló en su contra. El titular del Juzgado de Primera Instancia admitió «íntegramente» la demanda, declaró resuelto el contrato, decretó que debía ser desahuciado si no desalojaba la vivienda de forma voluntaria y lo condenó a pagar el dinero que adeudaba.

Arturo no estaba conforme, insistía e insiste en que pagó todo el dinero, y la sentencia no era firme, así que pidió a su abogado, un letrado del turno de oficio, que recurriese. Se produjeron algunos errores y el juez dio por no presentado el recurso de apelación, lo que lo dejaba expuesto al desahucio. Ahora depende de un nuevo recurso. La clave está en un error aritmético, defiende su abogado. Para presentar la apelación debía consignar en el juzgado 2.640 euros, pero solo se entregaron 2.565. Esos 75 euros lo han dejado expuesto a un desahucio que le tiene «desesperado».

No pudo comprar los libros

Arturo lamenta la situación sobre todo por sus hijos. «Ya están en un colegio y si nos echan a ver cómo los metemos en otro». No ha podido comprarles los libros porque con su sueldo «vamos justos» y teme que no sirvan si tienen que ser escolarizados en otro centro educativo.

También le preocupa su mujer. «No está nada bien y si nos quedamos en la calle...». Está dispuesto a hacer lo que sea: «Si hace falta voy a los juzgados con una pancarta y me encadeno allí, porque no es justo».

La mala relación con los arrendatarios le ha llevado a buscar otra casa unifamiliar, pero tiene dificultades para encontrar una y quiere irse él y no que lo echen «por no pagar». «Nunca me había pasado algo así», insiste emocionado. Asegura que nunca tuvo problemas con sus anteriores caseros y recuerda que incluso pintó él mismo la casa en la que vivió en Canido antes de mudarse a esta. «Nunca he debido nada, de verdad», insiste, y añade que «ojalá todos los caseros tuviesen unos inquilinos como yo» mientras muestra recibos de pagos y transferencias, convencido de que al final la Justicia le dará la razón.

Su abogado, en el recurso que presentó esta semana, insiste en la «situación dramática» que atraviesa su familia con «tres hijos menores en edad escolar», ya matriculados en un centro de las proximidades y que ya han agotado las posibilidades de encontrar otra vivienda en la zona.

El letrado pide al juez que revoque el auto en el que da la apelación por no presentada y dicte una nueva resolución en la que le permita subsanar el fatídico «error de los 75 euros».

Pendientes de un recurso

«No hemos podido comprar los libros por si tenemos que mandar a los niños a otro colegio»

Arturo García Díaz