Las fuerzas de seguridad priorizan atajar este tipo de delincuencia organizada y detuvieron en este mes a una veintena de personas
29 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.En los últimos meses los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han convertido en objetivo prioritario de sus pesquisas una delincuencia de pequeño calado pero bien organizada e itinerante que protagonizan ciudadanos de origen rumano y que está teniendo efectos devastadores para las maltrechas economías del comercio gallego. El trabajo empieza a dar al fin sus frutos. Solo en lo que va de mes, han sido detenidas una veintena de presuntos integrantes de estos grupos en las provincias de Ourense y A Coruña en el marco de las operaciones Rumva (de la Guardia Civil) y Víctor (Policía Nacional).
Pero los rumanos son ciudadanos comunitarios y, por tanto, poseen plena libertad de movimientos por los 27 países de la UE. «Esto es como poner puertas al campo», confirma gráficamente el responsable de una de esas investigaciones, ya que, una vez detenidos y puestos a disposición judicial, como solo se les puede imputar hurtos, la mayoría quedan en libertad provisional. Así, inmediatamente, cambian de zona de trabajo, porque, además, a diferencia de los extracomunitarios, no pueden ser expulsados del país.
Todo ello a pesar de que las indagaciones policiales ponen claramente de manifiesto que se trata de grupos perfectamente organizados y jerarquizados en los que nadie actúa de forma autónoma. Las pesquisas de la operación Víctor, que se saldó la pasada semana con 14 detenciones en A Coruña y alrededores, desmanteló cuatro grupos, con bases estables en Betanzos, Vilaboa (Culleredo) y la propia capital coruñesa, cuyos miembros eran recogidos cada mañana por un conductor que los distribuía por centros comerciales previamente estudiados por los cabecillas. Estos jefes les dan instrucciones sobre el tipo de mercancías y las cantidades que interesan. Las secciones más visitadas son las de electrónica e informática, herramientas, ropas y calzado deportivo de marcas caras, perfumes, etcétera.
Para sustraer estos productos primero les desactivan las alarmas electrónicas, que antes han sido estudiadas in situ por el jefe. Cuando ello no es factible, para sacarlos, los introducen en bolsas aluminizadas -o de tipo Faraday- que inhiben el dispositivo de las alarmas. Para meter las bolsas en los establecimientos, aprovechan de las negligencias o de la falta de personal de vigilancia; cuando sí existe, un miembro del grupo se ocupa de distraerlo.
De recoger la mercancía sustraída y llevarla a una base segura se encarga otro miembro del grupo que aguarda en las inmediaciones. Siempre usan vehículos de segunda mano que siguen figurando a nombre de españoles, ya que dilatan todo lo posible la tramitación de las transferencias de los mismos. Cuando alguno es identificado por la policía ya no lo vuelven a utilizar.
Los investigadores cifran en unos 20.000 euros el fruto de una semana de trabajo de cada uno de los grupos. Cuando completan un cargamento organizan transportes para mandar el material robado a su país, donde lo venden en el mercado negro.