PSdeG y BNG anticipan su rechazo frontal a los ajustes en la Xunta
22 feb 2012 . Actualizado a las 17:17 h.El Gobierno gallego no se desvió ayer ni un ápice sobre el plan previsto y se sirvió de su mayoría parlamentaria para tramitar de urgencia, por el procedimiento de lectura única, el proyecto de ley que establece determinados recortes para los empleados públicos. Tanto el PSdeG como el BNG intentaron torpedear la iniciativa en la reunión de la Xunta de Portavoces, el órgano que se encarga de fijar la agenda de los plenos, basándose en un supuesto incumplimiento del reglamento de la Cámara. Pero no lograron cortarle el paso a una norma que, con toda probabilidad, será aprobada el próximo día 28.
Tras la reunión de portavoces, el jefe del grupo del PP, Pedro Puy, denunció un «certo obstrucionismo parlamentario» de las fuerzas de la oposición contra el proyecto legal por la reducción de los tiempos de tramitación y por no venir acompañada del correspondiente informe del Consello Económico e Social (CES).
Esta cuestión la puso sobre la mesa la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien además anticipó el rechazo frontal de los nacionalista a un proyecto que, en su opinión, llega «atropellando» derechos de los funcionarios y reservándole al Parlamento un mero «papel decorativo». Es más, Pontón interpreta que la ley sí debería venir acompañada de un informe del CES por tener «incidencia social», ya que «vulnera» derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, como sería el de la negociación colectiva.
Calidad de los servicios
También el portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, mostró su rechazo al texto, dejando fuera de toda duda que se trata de un documento que no solo afecta a los empleados públicos, sino también «á calidade dos servizos públicos» que se prestan desde la Administración autonómica.
El proyecto de ley para los empleados públicos, de solo ocho artículos, está concebido para producir un ahorro de 80 millones de euros al año en el gasto público. El ajuste se hará reduciendo algunas ayudas de los trabajadores, como las de las bajas laborales, las ayudas del fondo social, a la vez que abre la puerta a la reducción de la jornada laboral y del salario.
En defensa del proyecto, el popular Pedro Puy argumentó que «non se tocan as retribucións» directas de los funcionarios y defendió la tramitación de la iniciativa por el procedimiento abreviado de lectura única poniendo de relieve que el Gobierno autónomo necesita «tomar decisións que requiren acordos inmediatos» para responder al nuevo contexto de recesión económica, sin poner en riesgo las prestaciones sociales básicas.