A finales de 2004, CC.OO. y UGT pactaban con el Gobierno de Zapatero una reconversión que suponía la prejubilación y destrucción de 1.400 puestos de trabajo directos en los astilleros de la ría, otros 2.000 indirectos, y prorrogaba el veto de Astano a la construcción civil hasta 2015.
Con ese acuerdo, el Gobierno del PSOE pactaba una nueva reconversión con la UE, en contraprestación a una posible sanción por ayudas ilegales a los astilleros públicos, nunca demostradas, y nunca recurridas por el Gobierno de Zapatero, siguiendo así la senda iniciada por el ministro Solchaga, en 1983, cuando nuestro sector naval, motor económico de Ferrolterra, sintió por primera vez las políticas destructivas centradas en la reconversión del sector.
Recientemente, la falta de gestión comercial eficaz por parte de Navantia produjo en los últimos años el mayor período de sequía en cuanto a pedidos se refiere: seis años sin un solo contrato.
En este contexto nació el proyecto del dique flotante, un proyecto que permitiría no sólo dotar de carga de trabajo inmediata a Navantia, sino muy especialmente permitir que el astillero se convierta en un referente en el mercado de reparaciones de grandes buques.
Esta iniciativa, apadrinada por el Colegio de Ingenieros Navales de Galicia, contó con el respaldo expreso del Gobierno Feijoo desde el primer momento. A los que hoy se apuntan a la pancarta cabe recordarles que el Gobierno socialista dijo no a la construcción del dique, y que solo desde la oposición han comenzado a reivindicarlo. A los que ahora promueven manifestaciones, y trataron de hacer campaña electoral, cabe preguntarles dónde han estado en los últimos años, cuando el Gobierno socialista dejaba a su suerte a nuestro naval. De socialistas y nacionalistas hay que lamentar, también, que no hayan sido capaces de alegrarse del contrato conseguido por el Gobierno de Feijóo para la construcción de un buque flotel para Pemex, que va a dar trabajo a 1.500 trabajadores, tanto en Navantia como en las industrias auxiliares de Ferrolterra, durante los próximos dos años y medio.
Ahora bien, identificadas las responsabilidades de cada uno, cabe exigir que el Gobierno central haga justicia con una ciudad tantas veces castigada. El dique es la oportunidad de ampliar nuestras capacidades en el sector de Reparaciones. Y por eso, desde Ferrol reclamamos a la SEPI que se estudie con rigor el proyecto, que se avance con pasos firmes y seguros, pues permitiría duplicar la facturación de Reparaciones, y generaría un buen número de puestos de trabajo. En estos meses se ha hecho un trabajo serio y riguroso para avanzar en el proyecto del dique. Es evidente que hay que hacer consultas con la Unión Europea. Más aún teniendo en cuenta los antecedentes del Comisario Europeo de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia. Hagámoslo, pero hagámoslo bien.