El ala socialista del Gobierno prepara una modificación inmediata del decreto para que las ayudas solo lleguen a las rentas más bajas Madrid
17 mar 2023 . Actualizado a las 16:38 h.El bono social energético, y su traslado automático al bono térmico que subvenciona el gasto en calefacción a las familias numerosas fue una de las medidas estrella aprobada por el Gobierno de coalición en octubre del 2022. El objetivo era amortiguar el golpe en la factura de la luz y el gas en los hogares vulnerables ante el incremento de los precios por la invasión rusa de Ucrania.
La redacción del decreto, no obstante, ha desembocado en una tabla rasa que no solo ha beneficiado a los más necesitados, sino también a políticos como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, —quien declara poseer un patrimonio de un millón de euros—, a la líder de la oposición madrileña, Mónica García —portavoz de Más Madrid, la formación de Íñigo Errejón— o al número dos del PP madrileño, Alfonso Serrano. Los tres políticos, que suman a su patrimonio personal sus sueldos como diputados autonómicos, tienen derecho a este tipo de ayuda por ser progenitores de familia numerosa. Y lo han ejercido para reducir su tarifa en la calefacción en 192 euros al año.
La portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, también reconoció recibir la ayuda del bono social energético, aunque no la térmica, pese a ser automática tras solicitarse la primera. «No sé si será por facha», ironizó la dirigente del partido de Santiago Abascal. Ossorio, García y Serrano argumentan que las subvenciones se otorgan de forma automática pero sin diferenciar que el bono social energético, el primer paso para la posterior ayuda a la calefacción, sí debe ser solicitado de forma explícita. El PP defiende que se trata de ayudas del Gobierno central y que «es dinero de Sánchez», según afirmó Ossorio en un primer momento.
Con el decreto en la mano, aprobado por el Gobierno central, todas las familias numerosas tienen derecho al descuento energético. La cuestión que se echan en cara ahora los políticos es si recurrir a esta prestación, además de ser legal, es, al tiempo, inmoral. Mónica García, quien exigió la dimisión del vicepresidente madrileño antes de conocerse que su familia también era beneficiaria, pidió disculpas y se comprometió a devolver el dinero.
«Reconozco ese error. Me parece que es una ayuda regresiva que no llega a la gente vulnerable y llega a los que no lo necesitamos», señaló.
Orden de atacar
Isabel Díaz Ayuso obvió las disculpas de su principal rival de cara a las elecciones del 28 de mayo y envió un mensaje a sus diputados que se filtró poco después a los medios de comunicación. «Hoy la izquierda está acabada (...). Matadlos», arengó la presidenta autonómica del PP ante los distintos frentes abiertos que mantiene con la oposición; los cuales, además del mea culpa entonado por García frente a Ossorio, incluyen el pacto para poner fin a la huelga en la sanidad madrileña alcanzado ayer.
Ayuso fue la primera en cargar contra la líder de la oposición. «Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo», espetó a García. La respuesta del Gobierno central ha sido anunciar una inmediata reforma del decreto para que no puedan beneficiarse de las ayudas los hogares con rentas superiores a los 25.000 euros anuales. Un límite que supera con creces la retribución de los cargos políticos. No deja de ser un parche para una nueva laguna en otra de las medidas estrella legales del Ejecutivo. La vicepresidenta Teresa Ribera anticipó que se cambiará esta ayuda «para introducir criterios de renta en las familias numerosas».
La polémica pone encima de la mesa la compleja realidad del bono social, una subvención que permite ahorrar hasta un 80 % del consumo eléctrico. Transición Ecológica lleva meses tratando de reformar unos requisitos de acceso a estas ayudas pero el cambio real no se ha impulsado hasta que se ha destapado que, al menos, los diputados madrileños Ossorio, García y Serrano se benefician del bono térmico que se paga con dinero público.
