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El juez envía a prisión a Ignacio González por el saqueo de las arcas públicas

También dictó cárcel para el hermano del expresidente madrileño y otros dos detenidos


madrid / colpisa

Ignacio González pasó ayer su primera noche en la cárcel de Soto del Real (Madrid). La caída del presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015 se consumó pasadas las 23 horas, cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó su ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza tras su detención el miércoles en la operación Lezo, por las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II, que presidió entre 2002 y 2013.

Por estos hechos le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

De 56 años, González respondió durante dos horas y 45 minutos a las preguntas del juez y los fiscales después de acogerse a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. De poco sirvieron sus explicaciones sobre el presunto desfalco de 60 millones de euros en el Canal de Isabel II, ya que el investigado acabó en prisión incondicional. En cualquier caso, su destino estaba escrito después de que, horas antes, el enlace de la empresa pública en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, acabara también en la cárcel.

Según fuentes jurídicas, González mantuvo una actitud de negación «constante y contumaz» frente a los indicios aportados por los fiscales, quienes pusieron grabaciones aportadas a la investigación que no supo rebatir. «Ha tratado de justificar en un marco de aparente legalidad todas las operaciones sospechosas, pero al bajar a lo concreto no ha dado explicaciones convincentes», señalaron fuentes presentes en su declaración.

En el caso de Edmundo Rodríguez, se sospecha que ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, de «origen desconocido», que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal. También existen indicios de que una hija, imputada en el caso, controla el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero.

Según los autos de prisión, alrededor de Ignacio González, Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond, exdirectiva del Canal, y Pablo González, hermano del expresidente autonómico, giraban las presuntas actividades ilícitas de la sociedad pública del agua. Entre los indicios está el depósito común abierto en paraísos fiscales con 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) sustraídos, según la Guardia Civil, de una operación del Canal en Brasil: la compra de la sociedad Emissao en 2013. Por esta circunstancia, tanto María Fernanda Richmond como Pablo González entraron en prisión que podrán eludir si abonan cuatro millones de euros.

Asimismo, Pablo González y su cuñado José Juan Caballero, a quien el juez le impuso prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, se acogieron a su derecho a no declarar. A ambos les investigan por la adjudicación a la empresa Tecnoconcret, de la que eran propietarios, la explotación de un campo de golf en terrenos del Canal en 2007, cuando Ignacio González era presidente de la empresa pública de aguas.

Los dos últimos detenidos el jueves, el consejero de OHL Javier López Madrid, y el que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fueron los últimos en pasar ante el juez. López Madrid, yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, fue arrestado en el aeropuerto de Barajas tras viajar desde Londres ante los indicios recabados por los investigadores sobre el supuesto pago a Ignacio González de una comisión de 1,4 millones, a través de un banco en Suiza, vinculado con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. Ambos quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

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Ignacio González Corrupción Comunidad de Madrid
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