Cada reunión preparatoria es una batalla en la que no se logra fijar ni los temas a tratar
09 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Estaba llamado a ser el órgano estrella de esta legislatura en el Congreso. En principio, acuerdo absoluto entre todos los grupos para darle un impulso decisivo. ¿Qué partido iba a poner palos entre las ruedas a una comisión anticorrupción? Pero la realidad, fuera de los focos y las declaraciones, está siendo tozuda. Nueve meses después de que el pleno del Congreso aprobara en marzo (en falso, por la legislatura fallida) el nacimiento de la Comisión Permanente para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales y casi dos meses y medio después de que la Cámara baja volviera a darle luz verde el pasado 28 de septiembre, la tan cacareada comisión no solo no se ha reunido ni una sola vez, sino que, más allá de fallidos encuentros organizativos en los que los diputados han acabado a la gresca, no hay siquiera una agenda consensuada para empezar a trabajar.
Así las cosas, la comisión no echará a andar antes del 2017, tal y como confirman diferentes fuentes parlamentarias, que insisten en que, hasta el momento, los diputados ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo ni en los temas a tratar ni en la forma en cómo abordarlos. El difuso y amplísimo objeto de la comisión (calidad democrática, lucha contra la corrupción y reformas institucionales y legales) desde luego no ha servido para que los parlamentarios se centren, pero la bronca en cada reunión hace todavía más difícil fijar una hoja de ruta. Y las trincheras cada vez se hacen más profundas.
Subcomisiones
El presidente de la comisión, Toni Cantó, de Ciudadanos, propuso trabajar en forma de subcomisiones para intentar sistematizar el desafío. Cantó planteó una suerte de grupos de tareas a puerta cerrada y con la intervención de expertos. Esas subcomisiones trabajarían seis meses. Luego presentarían sus conclusiones a la comisión para su aprobación y, en su caso, remisión al pleno.
Los primeros encuentros entre los miembros de la Mesa y los portavoces ya dejaron claro que no iba a ser fácil consensuar por dónde empezar a hincarle el diente a la ingente tarea, pero finalmente sí que lograron acordar una primera subcomisión con un triple objeto: el control sobre la contratación pública, la creación de un observatorio contra la corrupción y la protección de los denunciantes de casos de corrupción, como en la Gürtel. Pero el precario acuerdo saltó por los aires el pasado 25 de noviembre, cuando el Consejo de Ministros acordó dos proyectos de ley para trasponer sendas directivas europeas sobre contratación pública.
Cantó propuso a los diputados suprimir el tema de la contratación pública por otro y a principio de mes se crearon los frentes que por ahora mantienen empantanado todo. De un lado están el PSOE, Unidos Podemos y los grupos minoritarios de la Cámara. Este frente quiere a toda costa que el tema que entre en la subcomisión para sustituir la contratación sea el sistema de nombramientos de los órganos reguladores y constitucionales. O sea, entre otros, el propio Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, RTVE, Junta Electoral Central, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fiscalía del Estado, Comisión de la Competencia...
El PP se niega en redondo, al menos por ahora, a entrar en ese debate y, con el apoyo de Ciudadanos, quiere abrir el melón de la financiación de los partidos, una cuestión que el resto de las fuerzas políticas querría abordar de manera monográfica.
Pero el lío de esta comisión no acaba ahí. Aunque sus miembros creen que la única forma de funcionar es a base de subcomisiones, el propio Congreso no lo ve así. Los órganos de gobierno de la Cámara baja han puesto coto a la avalancha de peticiones de crear subcomisiones. Por el momento solo hay aprobadas ocho y ninguna para la comisión de anticorrupción.
Las peticiones de comparecencia se centran en los casos que afectan a los populares
Buena muestra de la división y politización con la que ha nacido la comisión anticorrupción son tres de las cuatro solicitudes de comparecencias, todas ellas por parte de partidos de la oposición. Tres de las peticiones -la del jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y las de los empresarios de la construcción Florentino Pérez y Juan Villar Mir- tienen como objeto llevar a sede parlamentaria casos de corrupción que salpican directamente al PP.
La comparecencia de Moragas es solicitada por Unidos Podemos en relación con el caso Arístegui. El Grupo Mixto, por su parte, quiere llevar al Congreso el caso Gürtel con las comparecencias del presidente de ACS y del fundador de OHL. Pretende que Florentino Pérez y Villar Mir expliquen a los diputados si son ciertas «las graves acusaciones vertidas, en el transcurso del juicio contra la trama Gürtel, por el principal acusado». Francisco Correa, según la petición de comparecencia, aseguró durante la vista oral que llegó a acuerdos con esas dos empresas «a todas luces ilegales» para «la adjudicación de obra pública a estas a cambio de dinero».
Solo la última petición de comparecencia, la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, parece ser más técnica y menos política. El Grupo Mixto quiere que explique «las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de calidad democrática, lucha contra la corrupción y reformas institucionales».