Así es el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos

Agencias / La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Atlas TV

El documento incluye la desaparición de las diputaciones, la simplificación de los tipos de contrato y una reducción del Senado. Consulte aquí el acuerdo

24 feb 2016 . Actualizado a las 17:18 h.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, han presentado este miércoles un documento que muestra algunos ajustes muy consensuados y con el que ambas formaciones han dejado atrás algunas de las banderas que habían defendido durante sus campañas. El resultado es un acuerdo con posiciones intermedias y acordadas entre los programas de ambos. Estas son las principales medidas.

La reforma de la Constitución

La reforma exprés de la Constitución que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto como condición «sine qua non» para cualquier acuerdo con el PSOE. Esta reforma constitucional tiene seis puntos básicos, que son: 

1. Fin de las diputaciones. La exigencia de suprimir las diputaciones, vital para CIudadanos y uno de los principales escollos en la negociación con el PSOE, podría quedar satisfecha con el Consejo de Alcaldes que plantean los socialistas, puesto que supondría un ahorro similar (de unos 5.000 millones de euros).

2. Límites de Gobierno. Se limitará el mandato del presidente del Gobierno a ocho años, o dos legislaturas.

3. Despolitización de la justicia. Reducción a la mitad -de 20 a 10- los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. El objetivo: la «despolitización» de la justicia mediante cambios en los mecanismos de elección de magistrados.

4. Control de los aforamientos. Supresión de los aforamientos de senadores y diputados en el Parlamento nacional y en los autonómicos, una medida que pretende luchar contra la corrupción.

5. Iniciativas legislativas populares. Se reducirán de 500.000 a 250.000 las firmas exigidas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso. 

6. Compromiso con los derechos sociales. PSOE y Ciudadanos pactan cambiar el artículo 135 de la Carta Magna (el que modificaron PP y PSOE para cumplir las exigencias de déficit de Bruselas) porque con su redacción actual no se pueden garantizar ciertos derechos sociales. En la futura reforma constitucional, se incluirá entre los derechos fundamentales el derecho a la sanidad. 

Reforma fiscal y laboral

PSOE y Ciudadanos se comprometen «de forma inequívoca» con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal en su acuerdo para la investidura del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pero también afirman que no aplicarán «ningún recorte de gasto social» en esta legislatura.

1. IRPF, congelado. El PSOE se compromete a no subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ciudadanos quería bajar esta tasa amparándose en el recorte de gasto en Senado y diputaciones.

2. La ansiada baja del IVA cultural. Bajada del IVA cultural, actualmente del 21 %, a un tipo por determinar. Pasará del normal a, en principio, el reducido (10 %)

3. Impuesto de sucesiones. Reforma del impuesto de sucesiones para que sea más equilibrado, con una horquilla de máximos y mínimos. En el impuesto de sociedades, se quitarán deducciones y bonificaciones y se ampliará la base para aumentar la recaudación, previsiblemente hasta los 25.000 millones de euros anuales.

4. Sin contrato único. Reducir los tipos de contratos laborales, aunque no quedaría en un contrato único con indemnización creciente, como propone Ciudadanos. De esta forma, se fija un nuevo contrato estable y progresivo, con una duración de dos años, que sustituye a los actuales temporales y que contempla indemnizaciones crecientes por despido por causas económicas, organizativas y productivas. El nuevo contrato se convierte en indefinido el tercer año y va acompañado de un sistema de seguro contra el despido de incentiva la movilidad laboral sin perder los derechos adquiridos.

5. Complementos. Complemento salarial para las rentas más bajas.

6. Derechos fundamentales. Derechos sociales como la sanidad o la educación estarán recogidos en la Constitución como un derecho fundamental de los ciudadanos.

7. Fraude fiscal. Exigencia de que los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal ofrecida por el Ejecutivo de Rajoy paguen en el 2016 el 7 % de los bienes declarados, y no el 3 % que hasta ahora se ha abonado.

8. Déficit. Los dos se comprometen a que España cumpla sus objetivos de déficit, pero pidiendo a las instituciones europeas una flexibilización. Pretenden conseguir que se relajen los objetivos.

Reto independentista y política territorial

1. Reto independentista. Defensa de la unidad de España y la igualdad de todos los españoles, y rechazo a cualquier referéndum sobre el futuro de Cataluña.

2. El Senado, reformado. No se cerrará el Senado, como pedía el partido de Albert Rivera, aunque sí están de acuerdo en una reducción del número de escaños a unos 80, de los actuales 266 senadores.

Cultura

Además de una nueva política fiscal para la cultura, Ciudadanos y PSOE han acordado algunas medidas para impulsar el sector cultural español.

1. Ley de Mecenazgo. Planean incluir un sistema de bonificaciones a la exportación, en línea con las establecidas en los países del entorno europeo, a fin de competir en los mercados internacionales. 

2. Propiedad intelectual. Se llevará a cabo una reforma de la actual ley de Propiedad Intelectual, con el objeto de hacer efectiva la protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con un mayor acceso posible al patrimonio cultural.

3. Fiscalía especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual. Este nuevo organismo permitirá poner en marcha procedimientos «rápidos y eficientes» para detectar violaciones reincidentes de los derechos de propiedad intelectual.

Partidos políticos

1. Financiación estatal, por democracia interna. Han acordado que la financiación estatal a los partidos no solo esté vinculada al resultado electoral en escaños y votos, sino a «elementos de democracia interna de los partidos, en los términos que la ley establezca». El pacto establece la retención de las subvenciones públicas a los partidos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas y que las formaciones que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción se hagan responsables patrimoniales de dichos actos.

2. Donaciones privadas. Las donaciones privadas a los partidos políticos contarán con «incentivos fiscales regresivos» y se prevé «un sistema de devolución para las personas que no realizan la declaración del IRPF».

3. Las primarias, una obligación. Obligación a celebrar elecciones primarias entre los afiliados de un partido político para la elección de los candidatos a la Presidencia del Gobierno, a la de las comunidades autónomas y a las alcaldías.

Lucha contra el fraude

Finalmente, el documento aboga por impulsar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

1. Agencia Tributaria. Se comprometen a crear un Estatuto de la Agencia Tributaria, aumentar sus medios, instituir una Oficina Nacional de Control Fiscal de Grandes Fortunas en este organismo y devolverle el control tributario sobre las SICAV.

2. Límite de pagos en efectivo. Además, proponen limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1.000 euros (actualmente son 2.500 euros).

3. Pagos con tarjeta. Garantizar el derecho de los consumidores a poder pagar con tarjeta cualquier bien o servicio de más de 25 euros.

4. Contra el blanqueo y fraude. Incluye la eliminación de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVS), revisar la lista de paraísos fiscales, exigir a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes con ese tipo de países, endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o el fraude, reforzar el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y exigir que quienes se acogieron a la 'amnistía fiscal' del 2012 paguen los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno les «perdonó ilegalmente» al aplicarles finalmente un tipo del 3 % en lugar del 10 % previsto.

Medio ambiente

El pacto también incluye la derogación de la mayoría de la legislación ambiental desarrollada la pasada legislatura por el Ejecutivo del Partido Popular.

1. Centrales nucleares. Cierre de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.

2. Derogación de leyes ambientales. Se propone una batería de derogación de la normativa vigente, ya que el acuerdo incluye recuperar la prohibición «absoluta» del cambio de uso de suelo en las zonas forestales incendiadas -una excepción a la Ley de Montes incluida por el PP en determinadas circunstancias- y se comprometen a impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales. Además, el acuerdo de progreso incluye derogar las limitaciones y excepciones de 2015 a la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de modo que se recuperaría la de 2007.

Medidas sociales

1. Muerte digna. Proponen aprobar una ley de muerte digna que garantice los derechos de los ciudadanos a «afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos».

2. Conciliación. Para promover la conciliación, sugieren medidas como impulsar «programas de acogida temprana en los centros escolares», comedor en vacaciones, generalizar las actividades extraescolares, abrir los colegios con actividades lúdicas, deportivas y culturales en vacaciones y festivos y «promover acuerdos con los sectores de la cultura y el ocio para el adelanto de los horarios de mayor consumo de su oferta».

3. Aborto. Defienden la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, aunque el PSOE se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la ley del aborto en relación con las jóvenes de 16 y 17 años que en estos momentos necesitan el permiso paterno para abortar. Ciudadanos, por su parte, se reserva la posibilidad de impulsar la regulación de la gestación subrogada, conocida popularmente como «vientre de alquiler», así como la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio.