El Consejo de Estado avala el recurso contra «la insumisión» de los secesionistas
11 nov 2015 . Actualizado a las 08:59 h.La maquinaria del Estado se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento para frenar en seco el desafío independentista. El Consejo de Estado avaló ayer el recurso que el Gobierno va a presentar hoy ante el Tribunal Constitucional contra la resolución aprobada por el Parlamento catalán que pretende iniciar el proceso de desconexión con España en un desafío sin precedentes al orden constitucional. El tribunal la suspenderá y prohibirá cualquier intento de cumplir su mandato.
Pero el Gobierno quiere ir más allá y que les quede muy claro a los máximos dirigentes del Parlamento catalán y de la Generalitat que serían los responsables de un posible incumplimiento, es decir de llevar a cabo cualquier acto que emane de la declaración independentista, y que les acarrearía consecuencias personales, tanto de inhabilitación en sus cargos como penales. Para ello, pedirá al tribunal que notifique la suspensión de la declaración a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, los miembros de la Mesa y el secretario general de la cámara, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Neus Munté y los demás consejeros de la Generalitat. En total 21 personas.
Además, pretende que se les aperciba expresamente de que serán suspendidos en sus funciones, según lo que establece la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional aprobada recientemente, así como de que se procederá contra ellos por un delito de desobediencia, en caso de incumplimiento.
El recurso del Ejecutivo solicitará al Constitucional que imponga a Forcadell, a la Mesa del Parlamento y al secretario general la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna, sea de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución independentista. También pedirá que exija a Mas y a su consejo de Gobierno la prohibición de promover iniciativa legislativa o dictar norma de rango reglamentario o realizar cualquier actuación con la misma finalidad. La resolución que será suspendida por el TC pide que se tramiten en el plazo de 30 días las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública, que considera fundamentales para llevar a cabo la desconexión con España. El Consejo de Estado hizo suya esta pretensión del Gobierno.
«Voluntad de desacato»
El informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo de Estado es demoledor. Considera que hay elementos jurídicos suficientes para impugnar una resolución que «implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado». Así lo señala el texto aprobado por unanimidad por la comisión permanente de este organismo, que considera evidente la «voluntad de desobediencia o desacato» a la Constitución de la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP. El Consejo de Estado señala que considerar soberano al pueblo catalán para crear un Estado independiente va contra los artículos 1.2 y 2 de la Constitución, que establecen que la soberanía reside en el pueblo español y la indisoluble unidad de la nación española. Estima, además, que la proyectada desobediencia de las decisiones del TC supone «un atentado a uno de los elementos básicos» del Estado social y de Derecho, que es el establecimiento de una garantía jurisdiccional específica y suprema del orden constitucional.