En las propuestas presentadas a Catalá reclaman que se ayude a los desahuciados
29 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Un total de 40 jueces decanos de España, que representan a 2.000 magistrados, suscribieron ayer en Vigo un llamamiento a los cuatro grandes partidos para sellar un gran pacto por la Justicia «porque no puede esperar más». Entregaron 16 propuestas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedir la modernización de un sistema judicial «que carece de modelo y no sabe a dónde va». Y quieren que no se haga política con la Justicia.
Además, abogaron por un mayor socorro para los desahuciados para evitar que caigan en la exclusión social, más presupuesto para atender a los beneficiarios de la justicia gratuita y lamentan el fracaso de la ley de la segunda oportunidad para reflotar a empresarios que quebraron.
«Ahora es el momento de hacer el pacto», dijo el decano de Málaga, José María Páez en las conclusiones de las jornadas nacionales que se celebraron durante tres días en el hotel Pazo Los Escudos en Vigo. Una consigna que más juristas repitieron como un mantra en los pasillos.
El año pasado, en la edición de Valencia, los jueces presentaron 58 propuestas para agilizar los pleitos y luchar contra la corrupción pero el recorrido fue «mínimo». El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que acompañó al ministro en la clausura, replicó que «si se presentaron 58 propuestas y este año solo 16 será que algo se ha hecho».
El acuerdo pide sacar a la Justicia del debate político y que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces y no nombrados por políticos para evitar una «contaminación». También critican que los plazos son imposibles para cumplir la plena digitalización de la Justicia, que apoyan al «cien por cien». El vocal del Poder Judicial de Galicia, Juan Manuel Fernández, puso como ejemplo la falta de coordinación entre los siete organismos competentes en Justicia que lleva a que los funcionarios no puedan consultar entre sí los expedientes digitalizados.
El ministro, en respuesta, anunció que su departamento contará con un 8 % más de presupuesto el próximo año, lo que permitirá crear nuevas infraestructuras, y prevé crear cien plazas de jueces y fiscales para toda España. Algunos jueces consultados mostraron su escepticismo porque las elecciones generales se celebran en dos meses y abrirá una nueva legislatura.
Los magistrados están especialmente molestos por el modo en que se están tratando los casos de desahucios. Su obligación es aplicar la ley pero consideran necesario potenciar la colaboración con las administraciones para abordar las «negativas consecuencias de los desahucios», de forma que el afectado disponga de la necesaria información sobre posibles alternativas y ayudas «en aras a evitar situaciones de exclusión social».
El último resorte
Piden un sistema eficaz para los beneficiarios de justicia gratuita que carecen de dinero para litigar o para consultar a un letrado antes del pleito. Creen que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debe dotar de fondos a los colegios profesionales para que estos atiendan los turnos de oficio y eviten la indebida suspensión de actos de carácter judicial.
También hicieron incidencia en los escasos efectos de la ley de segundas oportunidades para empresarios y particulares en quiebra. Desde que entró en vigor en marzo solo se han presentado 300 solicitudes de acuerdo extrajudicial de pago como requisito previo al concurso en España. «Ha generado enormes expectativas a centenares de miles de personas de buena fe que lo han perdido todo a consecuencia de la crisis económica pero se constata que no se están acogiendo a los beneficios de la ley, sin duda debido a su gran complejidad», dicen los magistrados.
«Al final de la crisis, todos lo hemos visto con claridad, la Justicia es el último resorte que le queda al ciudadano pero necesitamos medios», explicó el juez decano de Vigo y anfitrión de las jornadas, Germán Serrano.
Ven «grave» que una institución clave para la lucha contra la corrupción siga anticuada
El ministro de Justicia llegó a Vigo el mismo día que entraba en vigor el estatuto o catálogo de derechos de la víctima del delito, que destacó como una gran reforma. «Es un compromiso del sistema judicial para evitar una doble victimización, tendrán equipos especializados y trabajadores sociales para ayudarles a superar el impacto negativo de esa circunstancia injusta».
Las reformas legales y su implantación centraron parte de las críticas de los jueces decanos.
Víctimas
Loable, pero ineficaz. Los jueces auguran que el recién estrenado estatuto de la víctima va a tener una eficacia «muy limitada». Aunque se incrementan las garantías de las víctimas, «lo que es loable, como siempre será a coste cero» porque no hay dotación presupuestaria. «Es legislar en el vacío», critican.
Fiasco
Medidas para la agilización de la Justicia. Ven falta de interés de los sucesivos gobiernos para modernizar la Justicia, lo que consideran «grave» porque es un elemento dinamizador de la economía, tutela los derechos del ciudadano y juega «un papel decisivo en la lucha contra la corrupción». De las propuestas realizadas hace un año, el recorrido fue «mínimo».
Instrucción
Inadmisible limitación del tiempo. Ven «poco comprensible» el establecimiento de plazos en la instrucción, medida «voluntarista que nada soluciona y que traslada la idea de que los jueces son los responsables de la lentitud de los procedimientos, algo que es injusto porque en el proceso penal trabajan fiscales, forenses o peritos». Se quejan de la escasez de medios, de leyes procesales anticuadas para lo penal.