La mujer asesinada por su pareja llamó en varias ocasiones a la policía cuando discutían, pero nunca llegó a presentar una acusación formal
07 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.No había denuncias, aunque los Mossos y la Policía Local de Castelldefels habían acudido en varias ocasiones a la finca en la que convivían el hombre que asesinó a su pareja y a sus dos hijos antes de suicidarse, como apuntan las investigaciones. Las fuerzas de seguridad conocían las frecuentes discusiones que tenían Ricardo F., un uruguayo de 61 años, y Maryna, de 45 y natural de Bielorrusia. La mujer llamó al menos cuatro veces a la policía local cuando las riñas subían de tono, pero nunca llegó a presentar una denuncia por malos tratos. Los que sufrían especialmente esta situación eran los dos hijos de la pareja, un niño de 12 años y una niña de siete, a quienes los vecinos escuchaban llorar frecuentemente.
No eran los únicos hijos de la pareja. Ricardo F. tenía otra fruto de una relación anterior, que fue quien dio la voz de alarma después de llevar horas sin poder comunicarse con su padre. Era el miércoles a la noche cuando los mossos entraron en la finca y se encontraron con un panorama dantesco. Cuatro cuerpos ensangrentados esparcidos por otras tantas estancias del domicilio. Según las primeras investigaciones, el padre fue primero a por su pareja, a la que mató de un disparo en su habitación. Luego puso fin a la vida de sus dos hijos y se dirigió al salón. Se sentó en el sofá y se pegó un tiro en la cabeza con una pistola.
Se trataba de una familia con una cómoda situación económica. Vivían en un exclusiva zona residencial de Castelldefels y su ritmo de vida era desahogado. Él era ingeniero y la policía investiga si tenía algún negocio paralelo. Le llevaba 16 años a su actual pareja, una mujer natural de Bielorrusia, a la que no se le conocía ocupación laboral definida.
Sin relaciones
La pareja, nacionalizada española desde hace años, no se relacionaba con un vecindario repleto de segundas residencias al que habían ido a vivir hace tres años. Las discusiones entre ellos eran constantes y después de las broncas llegaban las reconciliaciones. Según los vecinos, se organizaban fiestas que se prolongaban días. «La pareja tenía bastante peleas, con insultos y gritos. No vi que hubiera agresiones físicas, sí que oía a los niños llorar muchas veces y en un par de ocasiones llamé a los Mossos d'Esquadra porque no podía soportar el llanto de los críos; pero tampoco sabía lo que había en esa casa, ni que fuera a llegar a esto», explicó Josefina García, vecina de la zona. «Había veces que se habían discutido por la mañana y luego por la noche tenían una fiesta con amigos como si no hubiera pasado nada», recordaba.
El Ayuntamiento de Castelldefels decretó tres días de luto y celebró un pleno extraordinario como repulsa por el crimen. También representantes del consistorio y vecinos se congregaron en la plaza del Ayuntamiento para condenar el asesinato con un minuto de silencio. «La tristeza ha invadido el corazón de los ciudadanos» aseguró la alcaldesa de Castelldefels, Candela López.
Más de 30 niños muertos o huérfanos por la violencia machista en lo que va de año
Con los que casos registrados en Castelldefels y esta semana en Moraña, en lo que va de año cinco menores han muerto víctimas de la violencia machista, mientras que están pendientes de confirmación oficial otros tres casos. Además, 23 niños se han quedado huérfanos a causa de crímenes de género durante el 2015, un año en el que el Gobierno ha modificado la legislación, a través de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, para incluir a los menores que presencian la violencia en sus hogares o que la sufren directamente como víctimas de violencia de género.
Para algunos partidos, como el PSOE, es necesario seguir adoptando medidas para proteger a los menores. Los socialistas presentaron ayer en el Congreso una iniciativa en la que urge al Ejecutivo a poner en marcha «un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la adopción de medidas para proteger a los hijos de víctimas de violencia de género», lo que permitiría la suspensión cautelar de las comunicaciones cuando existan «indicios racionales» de criminalidad para proteger al menor, explicó la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez.
Según datos de los socialistas, 44 menores fueron asesinados en los últimos diez años durante el régimen de visitas, lo que pone de relieve, en la opinión de Álvarez, la necesidad de romper con una atención «rutinaria y prejuiciosa» que antepone supuestos derechos paternos a la protección de los menores testigos o víctimas de la violencia de género.