La reforma de la justicia universal obliga a archivar la causa del genocidio en el Tíbet
ESPAÑA
La Audiencia Nacional considera que ya no se cumplen los requisitos para investigar ni este caso ni el de la persecución de los seguidores del grupo religioso Falun Gong
23 abr 2015 . Actualizado a las 21:35 h.El pleno de la Audiencia Nacional ha archivado la causa por el presunto genocidio en el Tíbet y la de la persecución a los seguidores del grupo Falun Gong en ese país porque tras la reforma de la justicia universal aprobada en marzo no se cumplen los requisitos para investigar estos casos. Según han informado fuentes jurídicas, los magistrados del pleno de la Sala de lo Penal del tribunal han decidido archivar estas dos causas con nueve votos favorables y siete en contra, aunque han aprobado continuar con la investigación de la muerte de Bay Hamdai Bugema supuestamente atropellado por un furgón policial en un asentamiento en El Alaiún (Sahara Occidental), ya que España sigue siendo de derecho la administradora de este territorio. En cuanto a los casos del Tíbet y de Falun Gong, el pleno los archiva porque no se cumplen los requisitos que contempla la reforma de la justicia universal en estos delitos: los querellados no son españoles ni residen en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas. Reforma de la justicia universal La limitación de la justicia universal, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal. En la causa sobre el Tíbet, era el juez Ismael Moreno quien investigaba el genocidio, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se habrían producido en la región, en la que habrían muerto un millón de personas durante los últimos cincuenta años. En febrero el juez ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun.