Una jueza cuestiona que se prohíba manifestarse a los detenidos por las protestas de Can Víes
ESPAÑA
De los casi 70 detenidos en los incidentes, dos han ingresado en prisión preventiva por orden del juzgado de instrucción
03 jun 2014 . Actualizado a las 21:53 h.La jueza que ayer dejó en libertad con cargos a los últimos cuatro detenidos por los incidentes en las protestas de Can Vies cuestiona la legalidad de prohibir acudir a manifestaciones que otros magistrados han acordado para los arrestados en las protestas. En su auto, la titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandri, considera que la medida cautelar de prohibición de ir a manifestaciones que solicitó la Fiscalía para los detenidos «tiene difícil encaje» en las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Penal, el Código Penal y la Ley Procesal.
Además, la instructora advierte de que esa medida cautelar, que dos jueces instructores acordaron días antes para una cuarentena de detenidos por su presunta relación con los disturbios de Can Vies, supondría una suspensión del derecho de manifestación y reunión y sería «desproporcionada con la concreta realidad de los hechos atribuidos».
En el auto en que acuerda dejar en libertad a dos de los detenidos, que estaban acusados de los delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, la juez sostiene que las lesiones que los mossos d'esquadra afirman les causaron los imputados «fueron producto de la presunta resistencia (...) para evitar ser esposados y no por actos de acometida directa». La juez razona también que no está acreditado, «ni indiciariamente», que los acusados provocaran daños materiales y subraya que ambos detenidos no tienen antecedentes ni detenciones policiales anteriores por hechos similares, por lo que acuerda dejarlos en libertad.
El titular del juzgado de instrucción número 13 decretó el pasado viernes el ingreso en prisión provisional del primero de los detenidos, que carece de antecedentes penales, por los delitos de desórdenes públicos y daños por incendio. El instructor atendió de esa manera la petición de la Fiscalía, que solicitaba su ingreso en prisión y alternativamente que se le prohibiera acudir a manifestaciones, con el argumento de que existe riesgo de reiteración delictiva y también de fuga, pese a que el joven acreditó disponer de domicilio fijo y trabajo regular en un centro hospitalario.